La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que quedó sin materia la acción de inconstitucionalidad presentada por la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de la aprobación de reformas anticorrupción avaladas por el Congreso de Quintana Roo a propuesta del anterior gobernador de la entidad, Roberto Borge Angulo, quien dejó el cargo en septiembre pasado.

A petición del Presidente de la República la PGR cuestionó el sistema anticorrupción de esa entidad, en el marco de señalamientos de los partidos de oposición de que lo que pretendía Borge era blindarse –con leyes y funcionarios a modo– ante futuras acciones legales en su contra.

Al presentar ayer su proyecto de dictamen ante el pleno, la ministra Norma Lucía Piña Hernández estableció la cesación de efectos de las reformas, al haber sido modificadas por el Congreso quintanarroense.

Comentó que el 28 de octubre pasado fue cambiado el artículo 96 de la Constitución local con base en los planteamientos de invalidez señalados por la PGR, por lo que propuso sobreseer todos los preceptos impugnados.

Entre otras cosas, la PGR demanda invalidar la creación de la fiscalía anticorrupción y la conformación de un tribunal estatal de justicia administrativa.

Esta acción de inconstitucionalidad, igual que las que en su momento presentó la PGR en contra de la aprobación de sistemas anticorrupción en Veracruz y Chihuahua –reformas que fueron invalidadas por la Corte debido a que al momento de su aprobación no había entrado en vigor la ley federal en la materia–, fueron revisadas de manera prioritaria por la Corte a petición del Senado.