a Cámara de Diputados aprobó el viernes pasado el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año fiscal 2017, el cual confirma la reducción del gasto del gobierno federal para ciencia, tecnología e innovación (CTI), que ya había sido determinada previamente en el proyecto presentado en septiembre por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De nada sirvieron los señalamientos de la comunidad científica sobre la importancia de estas actividades para el desarrollo del país. La decisión fue respaldada por una abrumadora mayoría de legisladores que eludieron discutir sobre uno de los temas más relevantes para el presente y el futuro de México. Esta decisión revela la importancia que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo asignan a estas actividades en las circunstancias económicas y políticas actuales.

El presupuesto para CTI votado la madrugada del 11 de noviembre fue, en cifras redondas, de 86 mil 383 millones, lo que representa una reducción cercana a 9 por ciento en términos reales respecto de lo aprobado en 2016 (91 mil 651 millones). A la propuesta original de Hacienda –hay que reconocer– se le sumaron 549 millones de pesos, cifra poco significativa, de la cual, si indagamos su destino (ya sumergidos en el microcosmos), casi todo (500 millones) fue añadido al gasto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la mayor parte a su Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico. En síntesis, lo muy poco que modificaron los diputados muestra, aun a escala microscópica, su desinterés por los proyectos de investigación científica, y su preferencia por áreas en las que no está muy claro un destino de los recursos para la ciencia y la tecnología.

A pesar de los múltiples llamados realizados por los científicos y diferentes sectores de la sociedad a los legisladores para evitar el recorte al presupuesto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) –pues de este organismo dependen la mayor parte de las tareas sustantivas para el desarrollo en ese rubro en el país– se mantuvo intacta la reducción prevista en el proyecto original. El presupuesto total del Conacyt para 2017 quedó en 30 mil 653 millones, menor en 7 mil 277 millones de pesos al de 2016, lo que de acuerdo con las estimaciones de diversas instituciones representa una reducción en términos reales de 23 por ciento, proporción que rebasa con mucho el ajuste promedio que se realizó en el resto de las instancias que dependen del gasto federal.

La reducción de recursos va a afectar de manera muy importante a las actividades científicas, tecnológicas y de innovación. En el caso del Conacyt, desde el momento en que se conoció la noticia sobre la posible reducción del presupuesto, su director general, Enrique Cabrero Mendoza, y sus colaboradores, comenzaron a trabajar en el diseño de las medidas para mantener a flote las tareas que realiza el organismo a su cargo. La estrategia que han hecho pública desde hace algunos meses, y con mayor precisión luego de la ratificación del ajuste en la Cámara de Diputados, es identificar con claridad las áreas que deben ser protegidas: la más importante de ellas es la formación y preservación de capital humano. De este modo, se mantendrán los Programas de Becas, las Cátedras para Jóvenes Investigadores (que implica el otorgamiento de 230 plazas más a recién doctorados en 2017) y el Sistema Nacional de Investigadores. Cabrero dijo en una reunión organizada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior el pasado 9 de noviembre, que los recursos humanos son prioridad para el Conacyt en el tránsito de México hacia una sociedad del conocimiento: Sin capital humano, por más laboratorios e infraestructura que tuviéramos, no lo logramos.

El 11 de noviembre, en una reunión celebrada en Morelia, Michoacán, Cabrero dio a conocer algunas de las malas noticias: el recorte afectará los programas orientados al desarrollo de la ciencia y la tecnología a escala regional, como el Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica y el Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación, los cuales tendrán una caída aproximada de 40 por ciento.

Otro damnificado será el Programa de Estímulos a la Innovación, en el que las aportaciones económicas provienen tanto del Conacyt como de las empresas. En 2016 significó una erogación de 4 mil 685 millones de pesos de inversión pública y 4 mil 729 de inversión privada, cifras que se reducirán en 50 por ciento por el recorte presupuestal. No obstante, como en el presupuesto de 2017 se aprobó un programa de estímulos fiscales a las empresas (que es un tema relacionado, pero aparte), quizá se logre mantener la participación privada, estima Cabrero.

Pero, ¿qué significa todo esto? En mi opinión la Cámara de Diputados, o mejor dicho, la mayoría que aprobó el Presupuesto de Egresos, tuvo un papel lamentable. Desoyó los reclamos de un sector de la sociedad al que considera carente de fuerza política, algo en lo que tiene razón, pues la comunidad científica de nuestro país no la tiene, pero sí está dotada de una gran fuerza moral, sustentada en el conocimiento. Los legisladores prefieren el camino de hacer leyes favorables a los grupos de presión, por ejemplo, la Iglesia, como en el caso del rechazo a los matrimonios igualitarios, poniendo al país al borde de un precipicio que conduce al más oscuro subdesarrollo.