l Senado ha otorgado la medalla Belisario Domínguez a una insidiosa fabricación narrativa impuesta por grupos de diversa índole interesados no en premiar las virtudes de una persona (el ingeniero Gonzalo Rivas Cámara, quien había sido subteniente de fragata de la Marina), en un episodio confuso y de perfiles hasta ahora sin comprobación, sino en demeritar y estigmatizar a una de las partes concurrentes en una sostenida lucha política, la de los normalistas de Ayotzinapa.

Muy pocas cosas están claras, a estas alturas, respecto a lo sucedido en diciembre de 2011 en la estación de gasolina en las cercanías de Chilpancingo, Guerrero. No hay una sola prueba de que hubieran sido alumnos normalistas los causantes del fuego y sí hay denuncias insistentes de que los incendiarios llevaban ostentosamente camisetas con la identificación (¿intencional, sembrada?) de Ayotzinapa y que corrieron a refugiarse tras las filas policiacas. No hay ninguna prueba de que el incendio de una bomba de gasolina pudo haber provocado una catástrofe con centenares de muertos y daños materiales enormes: todo lo contrario, hay constantes referencias técnicas de que esas bombas tienen mecanismos que se habían activado para impedir la presunta explosión subterránea de los depósitos de gasolina.

En realidad, los momentos específicos del incendio en la gasolinera, y la lamentable muerte del ingeniero Gonzalo Rivas Cámara, constituyeron una parte mínima de un cuadro de generalizada agresión de corporaciones policiacas contra jóvenes en protesta, cuyo saldo fue de dos estudiantes asesinados por disparo de arma de fuego (en el contexto del probado uso de ese tipo de armas por parte de cuerpos policiacos contra los estudiantes) y decenas de ellos golpeados, torturados y violentados en sus derechos básicos.

Lo anterior no es un alegato político o una interpretación ligera. Consta en las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entonces bajo la presidencia de Raúl Plascencia Villanueva (https://goo.gl/naEXIf), de las cuales puede desprenderse que por abundancia de pruebas, precisión de agravios y demostrada continuidad lesiva del Estado mexicano contra ellos, los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, podrían haber merecido la asignación de la Belisario Domínguez, cuya esencia histórica reside en la oposición al poder tirano y no en su convalidación (se habla aquí de premiar, en todo caso, a esos jóvenes reprimidos abiertamente por el Estado mexicano en diciembre de 2011; pero es obvio que, en esa línea, también tienen mérito los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa para haber recibido la Belisario Domínguez).

En sus observaciones, la CNDH inició con un capítulo denominado Criminalización de la protesta social, uso de la fuerza y empleo excesivo de las armas de fuego en una manifestación que se tornó violenta. En ese apartado, en el numeral 22, asegura que: los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil y de la Procuraduría General de Justicia, ambas del gobierno del estado de Guerrero, criminalizaron la protesta social que estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, y otros colectivos, llevaron a cabo el 12 de diciembre de 2011, vulnerándose con ello su derecho a la libertad de reunión y, como consecuencia de ello, a la vida; seguridad e integridad personal; legalidad; seguridad jurídica; libertad personal, y trato digno.

La CNDH documentó, detalló y probó las acciones contra esos estudiantes de Ayotzinapa. Aquí solamente se reproducirán los títulos de cada sección: Privación de la vida (así lo plantea la Comisión: dos personas fueron privadas de la vida como consecuencia de las lesiones producidas por proyectil de arma de fuego y una más a consecuencia del incendio provocado en una gasolinera); Lesionados por arma de fuego, Tortura e imputación indebida de los hechos, Detención arbitraria y tratos crueles, Violaciones a los derechos del niño y la mujer, Indebida preservación y alteración del lugar de los hechos, Víctimas ajenas a la manifestación, Inadecuada atención a víctimas, Obstáculos e Inadecuada atención de la problemática prevaleciente en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

¿Por qué, entonces, el Senado exalta y premia solamente uno de los ingredientes de aquel drama, justamente el más individualizado (el de un ex integrante de la Marina), y no el colectivo (de jóvenes bajo permanente ataque, hasta llegar a los momentos de Iguala y los 43)? ¿Por qué no entregar esa medalla de honor a los jóvenes demostradamente asesinados, golpeados, torturados y cuyos derechos elementales fueron violentados, según la muy elaborada investigación de la CNDH? ¿Por qué destacar una parte, la del ingeniero Rivas, tal vez merecedora del premio, pero confusa, imprecisa y susceptible de manipulaciones propagandísticas tendenciosas, y no el contexto general de los estudiantes agredidos, tema éste al que la CNDH dedica 99 por ciento de su relatoría?

No ha sido una virtud la que ha premiado el Senado al aprobar la entrega de la medalla Belisario Domínguez al ingeniero Rivas (informante de la Marina, según fue escrito por un profesor universitario en un libro sobre aquellos hechos), sino una estratagema de descalificación de los movimientos opositores y en particular del de Ayotzinapa. Se deshonra el sentido de esta medalla (cuya asignación se reparten cual botín los tres principales partidos; esta vez correspondió al PAN el ejercer el dedazo heroico) al convertirla en instrumento de golpeteo político, sin rigor histórico, sin comprobación jurídica, sin expediente judicial en firme y con una desesperada presión de grupos alineados al poder que buscan el cobro de una especie de envenenada revancha fúnebre y creen que polarizando, premiando el odio, avanzan en sus proyectos mercantiles, políticos y electorales. ¡Hasta mañana!

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