Buenos Aires.

La ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner solicitó este lunes al juez federal Claudio Bonadío que la envíe a juicio oral con premura para que un tribunal imparcial decida sobre la causa dólar a futuro, por la que se le procesó el viernes pasado, a pesar de que éste era un tema de decisión autónoma del Ministerio de Economía y no constituye delito.

Carlos Beraldi, abogado de la ex mandataria, presentó un escrito en el juzgado de Bonadío, consignando la decisión de no apelar del fallo de la Cámara Federal porteña y de esta manera acelerar el trámite de elevación a juicio oral.

Esto ya lo había anticipado el abogado en declaraciones radiales revelando que la ex presidenta desde el primer momento planteó sus deseos de ir en esta causa a juicio oral, para ejercer una defensa pública de sus políticas y pidió que se arbitren las medidas procesales pertinentes a fin de que la presente causa sea elevada a la etapa oral, con la mayor premura.

Si algunos creyeron que con esta resolución iban a causar graves prejuicios a la señora Kirchner, están completamente equivocados, dijo el abogado Beraldi.

Por otra parte, el mismo juez Claudio Bonadío reconoció en entrevista con Radio Nacional que procesalmente no están dadas las condiciones que harían posible una orden restrictiva de la libertad de la ex mandataria, mientras analistas locales advierten que hay un grupo muy interesado en forzar causas contra la ex mandataria y empeñado en que vaya presa, entre ellos el gerente general del Grupo Clarín, Héctor Magneto, que ha sido fuertemente beneficiado por el gobierno actual desde el primer momento, cuando anuló por decreto la ley de Medios Audiovisuales, que debía terminar con los monopolios medáticos.

El más importante monopolio es el Grupo Clarín, que utilizó a jueces amigos desde 2009 para retrasar el cumplimiento de esta ley mediante medidas cautelares. El abierto apoyo a Mauricio Macri y una ola de desinformación y desacreditación contra el gobierno de Fernández de Kirchner, varias veces insultada y degradada, incluso en su condición de mujer, por los medios escritos, radiales y televisivos, le dio un poder muy amplio para seguir actuando en una acción persecutoria cotidiana, denunciada por diputados del opositor Frente para la Victoria, magistrados y organizaciones políticas y sociales.