Tixtla, Gro.

Integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encabezados por James Cavallaro, arribaron a las 11:30 horas de este viernes a la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, en esta entidad, y ante padres de familia y compañeros de los 43 estudiantes desaparecidos presentaron el plan de trabajo denominado Mecanismo especial de seguimiento del asunto Ayotzinapa.

El mecanismo de la CIDH acordado con el gobierno mexicano y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala y sus abogados es la manera de dar seguimiento a las medidas de protección dictadas por la misma comisión para las víctimas y a las recomendaciones que dejó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con la finalidad de avanzar en las investigaciones.

Enrique Gil Botero, coordinador del mecanismo de seguimiento, explicó que éste “no hace un desplazamiento a los deberes legales y constitucionales que tiene el Estado (mexicano). No es otro GIEI, sino la permanencia continua en cuanto a monitorear el avance de la investigación, que es un aspecto cualificado. Ahí es donde el mecanismo tiene centrada toda su fortaleza, para que no haya distorsiones, que no haya verdades oficiales, sino la verdad real, de justicia, y de prometer la búsqueda y el encuentro de los desaparecidos, amén de obtener justicia, verdad y reparación”.

En conferencia de prensa realizada en el auditorio de la Escuela Normal Rural, Cavallaro informó brevemente que se reu-nieron con los familiares de las víctimas, con sobrevivientes y con los representantes legales para informarles del mecanismo de seguimiento.

Y cedió la palabra a Gil Botero, quien expresó que la CIDH implementa este mecanismo para dar cumplimiento a la resolución 42 del 29 de julio de 2016, que impone y reitera las medidas cautelares que habían sido ordenadas el 3 de octubre de 2014.

Dijo que la CIDH implementa el mecanismo en el entendido de que determinar el paradero y la búsqueda de los estudiantes es una obligación que compete al Estado mexicano. Hemos de advertir que en el desarrollo de este mecanismo la CIDH plantea unos objetivos generales y otros específicos.

Recalcó que el GIEI recogió en 20 puntos estos aspectos, como el que es imposible desde el punto de vista científico, y del sentido común, y de la mera lógica de las cosas, que los estudiantes hubieran sido cremados en el basurero (de Cocula), que es una hipótesis sobre la que se ha cabalgado.

Mencionó otros aspectos como el manejo de la telefonía, y de que otros organismos del Estado estén vinculados frente a estos execrables hechos.

De los objetivos específicos señaló que se yerguen en cuatro pilares: “el primero es una finalidad propia, de monitorear permanentemente el avance de la investigación que nos lleve a través de un hilo conductor de indicios, pruebas y elementos, lo que en derecho probatorio es la verdad real”.

De los primeros explicó que es el hallazgo de los estudiantes en cumplimiento de una medida cautelar que no se ha cumplido, en tanto que los objetivos específicos se dirigen a materializar las recomendaciones que dio el GIEI, que evidencian en grado mayúsculo una ausencia de 200 aspectos probatorios pendientes.

Frente a la desaparición, comentó: el escenario es hallarlos con vida; si ello no ocurre, pues el escenario es saber la verdad.

Advirtió que el mecanismo de la CIDH “va a monitorear mes a mes, o día a día, porque son labores que se van a ejercer de enero a diciembre, de manera consecutiva con visitas técnicas u oficiales”.

Respecto de la afirmación de la PGR de que 93 por ciento de las recomendaciones del GIEI se habían cumplido, “hay que entender o preguntar qué es cumplir; en segundo lugar, in situ, y sobre el proceso, esa información. No podemos trabajar sobre afirmaciones, sino sobre realidades y hechos, y eso es lo que se proponen las visitas oficiales y técnicas. Cumplir es tan amplio y tan vago que puedo dar cabida a muchas cosas”.