rtículos recientes publicados por los principales medios de comunicación han dado cuenta durante las últimas semanas de la grave crisis institucional que enfrenta hoy el estado de Veracruz, tercera entidad con más población y probablemente la más rica por sus recursos naturales: forestales, agropecuarios, pesqueros, mineros y petroleros en conjunto.

La desaparición de Javier Duarte de Ochoa, acusado de delincuencia organizada, desvío de recursos federales, abuso de autoridad y daño patrimonial al estado, amén de su responsabilidad en los cientos de desapariciones, fosas clandestinas y asesinatos de periodistas críticos a su gobierno, ha dado lugar a una crisis nacional de grandes dimensiones a partir de la denuncia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) del desvío de 46 mil millones de pesos en las cuentas públicas de 2011 a 2014, abriendo la posibilidad de que parte de esos recursos hayan sido utilizados en la campaña de Peña Nieto, a cambio de impunidad para continuar medrando con los recursos públicos.

¿A qué se debe que hoy Javier Duarte se encuentre desaparecido y prófugo de la justicia, luego de separarse de su cargo? ¿Por qué el gobierno federal, con todos sus supuestos sistemas de información, no lo ha detenido ni actuó en su momento, para evitar el saqueo de los recursos entregados mensualmente por la Secretaría de Hacienda, no obstante los señalamientos reiterados de la ASF sobre las irregularidades detectadas desde esos años? Siendo aún presidente Felipe Calderón se detuvo un avión en Toluca en febrero de 2012, donde el tesorero de Veracruz, Vicente Benítez, llevaba 25 millones de pesos, aparentemente enviados como una contribución ilegal de Duarte a la campaña presidencial del ex gobernador del estado de México.

Las declaraciones de Peña Nieto, poniendo a Duarte por ejemplo del nuevo PRI, constituyen una señal de que desde entonces algo olía mal en Dinamarca (William Shakespeare, Hamlet). En Veracruz era un secreto a voces el desvío de recursos con el fin de comprar votos para el PRI, sin que las autoridades electorales hicieran nada. En 2014 los Juegos Centroamericanos fueron otro motivo de escándalo; las instalaciones distaban de estar concluidas pese a que el estado había recibido los recursos años atrás; el gobernador declaró entonces que sería necesario suspender programas y retrasar pagos para refinanciar las construcciones inconclusas, mediante actos ilegales en el uso de los recursos públicos. Nuevamente el gobierno federal nada dijo, nada vio ni nada hizo.

¿Qué pacto de impunidad existía entre Peña Nieto y Javier Duarte? El cinismo del gobernador y sus colaboradores cercanos era del dominio público. Una noticia publicada en varios diarios nacionales indicaba que el embajador de Estados Unidos en México había afirmado que el gobernador era un gran defensor de los derechos humanos, sin que la embajada de ese país hubiese desmentido esa nota, cuando Veracruz era ya una entidad donde el estado de derecho no existía: estudiantes y periodistas podían ser golpeados, sacados de sus domicilios para luego ser asesinados o desaparecidos, mientras el gobernador amenazaba mostrándose por encima de la ley, llegándose incluso al caso de que un grupo de ancianos pensionados fuesen golpeados por la autoridad mientras protestaban por no haber recibido sus pagos de pensión o jubilación y a que un fotógrafo fuese asesinado en la Ciudad de México luego de la publicación de una foto que no fue del agrado del gobernador.

Al tomar posesión de su cargo, el Presidente protestó guardar y hacer guardar las leyes que emanan de la Constitución y velar por el bienestar del pueblo, de acuerdo con el artículo 87 de la Carta Magna. ¿Acaso la sociedad veracruzana no forma parte de ese compromiso? Veracruz es ahora un estado quebrado y dañado, igual que otros cuyos gobernadores y ex gobernadores parecen tener algo en común: fueron compañeros del ahora mandatario en tiempos propicios para establecer pactos que le facilitaran el acceso a la Presidencia de la República. Por ello su probable complicidad en el caso de Veracruz es hoy tema de conversación sobre el tamaño de la contribución del gobernador a la campaña presidencial, asegurando su impunidad y la de sus colaboradores.

Ahora, ante la desaparición de Javier Duarte, cuyas atrocidades y desmesura en los montos saqueados son conocidas, las afirmaciones de funcionarios del gobierno federal negando cualquier posibilidad de apoyo para rescatar al estado son inaceptables, en la medida de su responsabilidad al no haber evitado la crisis que hoy se vive en Veracruz. De igual manera, evitar que estas conductas sean castigadas, condena al pueblo a seguir en la miseria, sin la esperanza de un futuro mejor, constituye un agravio federal de dimensión nacional. Javier Duarte no es un chivo expiatorio, sino un individuo merecedor de castigo ejemplar por sus crímenes y fechorías, junto con sus principales colaboradores, algunos de los cuales son hoy diputados millonarios, con el camino abierto para seguir delinquiendo.

La información circulante sobre el monto de las contribuciones de Duarte a la campaña presidencial de Peña Nieto resulta inquietante; significaría que el hoy mandatario utilizó recursos no declarados, superando con mucho los límites establecidos para una campaña presidencial, lo que de algún modo explica la conducta anormal del gobernador durante todos estos años. Si ello llegase a comprobarse documentalmente, el sistema político mexicano en su conjunto estaría en una crisis de legitimidad inédita.

El jueves pasado el Presidente declaró estar dedicado a salvaguardar los intereses de los mexicanos. Lo sucedido en Veracruz y seguramente en Sonora, Chihuahua y Quintana Roo contradice sus palabras, haciendo necesaria una declaración puntual en torno a la responsabilidad de su gobierno en los hechos aquí mencionados, comprometiéndose a resarcir los daños causados por sus omisiones ante los ilícitos del gobernador desaparecido. Es igualmente necesaria su presentación ante la justicia, junto con sus cómplices y familiares prestanombres, obligándoles a todos a devolver lo robado y convirtiéndolos en ejemplo para prevenir nuevos fraudes contra la nación.