Buenos Aires.

n un paso más de lo que se ha denunciado como una persecución política contra la ex presidenta Cristina Fernández, dos jueces de la Cámara Federal confirmaron su procesamiento por la causa del dólar a futuro; medida decidida autónomamente por el Banco Central durante su gobierno y que no constituye delito.

Además el juez de la causa, Claudio Bonadío, le impuso un embargo por 15 millones de pesos. Analistas locales comparan esta actuación de un sector de la justicia con lo que está sucediendo en Brasil contra el ex presidente Luis Inázio Lula da Silva, y el juicio político que usó el parlamento de esa nación para destituir ilegalmente a la ex presidenta Dilma Rousseff, mediante un golpe de Estado Pralamentario-juridico-mediático.

Encuestas públicas demuestran el incremento de popularidad de Fernández quien está a la cabeza de las preferencias si se presentara como candidata en las próximas elecciones legislativas de 2017 por la provincia de Buenos Aires.

Incluso el aesor del presidente derechista Mauricio Macri, el ecuatoriano Jaime Durán Barba reconoció públicamente que Fernández es la figura más importante del justicialismo y de la oposición política en estos momentos. Esto llevó a arreciar la campaña de denuncias contra la ex presidenta.

Con esta decisión, el juez que lleva adelante esta causa, Claudio Bonadio, queda en condiciones de dar por cerrada la investigación e iniciar los pasos previos para comenzar el juicio oral contra Fernández de Kirchner, pese a que la decisión tomada es apelable ante la Cámara Federal de Casación, máxima instancia penal señala el portal Infobaires 24, uno de los más importantes medios que informan con veracidad en estos momentos.

Bonadío conside´ro que dichas operaciones implicaron "administración infiel con perjuicio al Estado" porque se acordó vender dólares en el mercado de futuros a un precio bajo que, tras la devaluación, iba a obligar al Estado a pagar una gran diferencia a los compradores. Devaluación que claramente no fue ordenada ni impulsada por Cristina Fernández, sino por el gobierno actual cuyos funcionarios se beneficiaron en millones de dólares.

Junto con Fernandez fue procesado el ex ministro de Economía Axel Kicillof y el ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli. La ex mandataria se enteró por los medios de esta resolución de la Cámara Federal I; e indicó por Twitter que presentó un pedido de pronto despacho por haberse vencido los plazos para resolver su situación procesal.

También denunció que utilizan esta cuestión porque los únicos que cometieron delito fueron los funcionarios del actual gobierno de Cambiemos.

Diputados del opositor Frente para la Victoria presentaron una denuncia contra el secretario de Finanzas Públicas, del gobierno macrista Luis Caputo, por "fraude a la administración pública" y "enriquecimiento ilícito". Esto por la compra de dólar futuro realizada por Caputo titular de un fondo que contaba con contratos a dólar futuro. Al asumir en su cargo actual contó "con información valiosa a la hora de decidir el precio del dólar futuro" cuando decidieron devaluar la moneda, por lo que se vio ampliamente beneficiado esta operación penas asumido Mauricio Macri, señala Página 12 .

Un paso en el control ciudadano

El Ministerio de Seguridad creó el Registro de Identidad de Usuarios del Servicio de Comunicaciones Móviles, mediante el cual obliga a las empresas de telefonía móvil que operan en Argentina, a mantener un registro de identidad de los usuarios de celulares de todo el país, en desmedro de los derechos democráticos mientras aumenta el control social.

La decisión fue publicada en el Boletín Oficial, por lo que las empresas de telefonía móvil deberán tener un registro cada usuario de celular a partir de esta resolución Sectores políticos, sociales y de derechos humanos consideran esta resolución como un nuevo atropello antidemocrático, que videncia el espíritu autoritario del gobierno nacional y desenmascara lo que se está preparando en el país, para establecer un duro control social.

El Ministerio de Seguridad contará con los datos de cada argentino que utiliza un celular en este país, lo que es la totalidad de la población, y además con los Acuerdos firmados con Estados Unidos para entregar datos de la población local, a ese país, esta será una información de Seguridad en manos extranjeras, que viola todos los derechos de los argentinos.