México carece de una política pública de Estado para abatir el sobrepreso y la obesidad. La estrategia nacional de prevención y control de este problema, que se inició hace tres años, es insuficiente para asegurar la continuidad de las acciones de salud, educación y regulación más allá del actual gobierno, advirtió la Alianza por la Salud Alimentaria.

Lo que hay por ahora son acciones, programas y estrategias aisladas, cuando lo que se necesita es una política articulada y efectiva, concluyó un análisis de la consultora Probatio, hecha a petición de la agrupación civil.

En el estudio se detectó que tampoco hay claridad sobre el destino de los recursos económicos que desde 2014 existen para este rubro. Lo anterior debido a que ese dinero está asignado a unidades presupuestarias de prestación de servicios y otros subsidios.

Un estudio reciente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) concluyó algo parecido respecto del programa que lleva la Secretaría de Salud (Ssa). Indicó que el dinero se distribuye por igual entre los estados, sin ningún criterio de cumplimiento de metas o prestación de servicios, lo que le resta eficacia (La Jornada 7/11/16).

Para mejorar la eficiencia en el uso del dinero, el gobierno federal debería reubicarlo administrativamente como parte de un programa presupuestario tipo P; es decir, de planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Así es como está clasificado el programa de prevención y control del VIH/sida, resaltó Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor.

En conferencia de prensa señaló que lo mejor sería que el país contara con una ley general de prevención y control de sobrepeso y obesidad, pero podría tomar demasiado tiempo. Una medida de emergencia, como la reasignación programática, mitigaría el riesgo de que al término de la actual administración desaparezcan las acciones para contrarrestar el exceso de peso corporal que afecta a 71 por ciento de adultos y 35 por ciento de niños y adolescentes en el país, apuntó.

Estrategia sin vinculación jurídica

En tanto, Atzimba Baltazar, de la consultora Probatio, comentó que la estrategia nacional para la prevención y control de sobrepeso, obesidad y diabetes está bien diseñada, pero no tiene una vinculación jurídica que asegure su continuidad.

Dijo que tampoco existen herramientas administrativas que permitan crear el vínculo entre los ingresos que el gobierno federal obtiene por el impuesto especial a bebidas azucaradas y alimentos de alta densidad calórica con programas de salud y educación.