La licitación de la Red Compartida tendría que replantearse si en el concurso vigente no logra adjudicarse, señaló Luis Fernando López Aguado Soto, asesor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Durante su participación en el Mexican Telecom Forum, señaló que la Red Compartida es un mandato constitucional, por lo que la SCT está obligada a concursar el proyecto que consiste en desarrollar una red mayorista de servicios de telecomunicaciones móviles, con la que además se pretende llevar conectividad a las zonas más apartadas o pobres del país.

La licitación de la Red Compartida está en su última etapa, con Grupo Altán como único concursante aceptado; Grupo Rivada fue descalificado por no haber presentado la garantía de seriedad el día que entregó la propuesta técnica, y ya recurrió al amparo en contra de la decisión de la dependencia federal.

El 17 de noviembre la SCT dará a conocer el dictamen de la propuesta económica de Altán y, si resulta solvente, abrirá la oferta de cobertura que deberá ser de por lo menos 85 por ciento de la población.

El funcionario señaló que habría que revisar los términos en los que se declararía en su momento desierta la licitación. Primero tendríamos revisar qué fue lo que condujo a ese resultado, y después de ese momento tomaríamos una decisión con relación a lo que podríamos hacer posteriormente.

Señaló que son pocas las posibilidades de que se permitiera concursar a todos los operadores en este proyecto, porque la intención es que, como lo establece la reforma constitucional, debe ser una red de servicios mayoristas que no podría vender servicios al usuario final, entonces los operadores actuales no podrían tener influencia en esta red como está establecido actualmente, y se tendría que definir esta influencia nuevamente en el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

La dependencia no fue notificada del amparo de Rivada

La SCT no ha sido notificada sobre el presunto amparo promovido por el Grupo Rivada, luego de ser descalificado de la licitación de la Red Compartida por no haber presentado la garantía de seriedad a tiempo, informó la subsecretaria de Comunicaciones, Mónica Aspe Bernal.

La funcionaria destacó que la SCT será respetuosa de la decisión del Poder Judicial pero, acotó, el principio de la ley de amparo es defender el interés público, y el despliegue de la Red Compartida es un asunto de interés público.

Aspe señaló que en principio la SCT no está de acuerdo en reincorporar al proceso de licitación a Rivada, porque incumplir con una garantía de seriedad y no es cosa menor; sin garantía es como si no hubiera propuesta, de lo contrario cualquiera presentaría ofertas.