El programa de prevención y control de sobrepeso, obesidad y diabetes carece de mecanismos que garanticen su cumplimiento. El dinero se distribuye a los estados de manera uniforme, pues tampoco existe un método de cálculo que justifique la asignación en función de metas o prestación de servicios, señala el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

El organismo encargado de medir la pobreza y evaluar programas del gobierno federal reconoce que la estrategia puesta en marcha hace tres años cuenta con buen sustento, porque identifica el problema del país y ofrece un diagnóstico claro del mismo, con 71.3 por ciento de las personas de 20 años y más con sobrepeso y obesidad, y el riesgo que estas condiciones representan para el desarrollo de enfermedades como diabetes, hipertensión arterial y otras afecciones cardiovasculares.

Resalta que el programa está vinculado a las metas y estrategias de la política pública nacional y es un activo para la disminución y control de enfermedades crónicas no transmisibles, además de que ya existe evidencia de los beneficios en la salud de las personas, cuando existen apoyos encaminados a la prevención y control de estos males que, de acuerdo con información oficial, representan las principales causas de mortalidad a escala nacional.

Sin embargo, Coneval encontró aspectos de la estrategia que reducen su impacto positivo en la salud. Entre otros, está la falta de mecanismos para evaluar el desempeño de las acciones propuestas, lo cual la coloca en riesgo de sufrir recortes presupuestales.

Sin embargo, datos oficiales indican que tal disminución en el presupuesto ya ocurrió como parte del ajuste aplicado a todo el gobierno federal. Mientras en 2016 se asignaron a la estrategia 589 millones 129 mil 248 pesos, en los que se incluyó una ampliación de 125 millones de pesos, autorizada por la Cámara de Diputados para el próximo año, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) plantea una asignación de 452 millones 962 mil 409 pesos, esto es, una disminución de poco más de 136 millones.

Lo anterior, a pesar de tratarse de un tema de alta prioridad para esta administración: identificar y atender a las personas con sobrepeso y obesidad, prevenir que más individuos se sumen a esta condición de riesgo y, sobre todo, revertir la tendencia al alza que este problema ha tenido durante casi tres décadas.

Coneval también detectó que la mayor parte del dinero se transfiere a los estados de manera uniforme, sin reglas de operación, ni existe un método de cálculo que justifique la asignación en función de metas o prestación de servicios, lo cual debería corregirse, indicó. Asimismo definir los instrumentos jurídicos para garantizar que el dinero se utilice para el objetivo al que fue destinado.

El órgano evaluador advirtió sobre la necesidad de que en las acciones del programa se incorpore la perspectiva de género, se defina la población objetivo con puntualidad y que propósitos y acciones estén vinculados. Esto, indicó, daría rumbo claro al programa y podría analizarse su impacto.

Un apoyo relevante para cumplir los objetivos de la estrategia podría darlo la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, con la administración y el seguimiento a la gestión de las acciones propuestas, apuntó.