La estrechez financiera que enfrenta la mayor parte de los órganos garantes en el país complicará la operación del Sistema y de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), ya que en muchos casos aún no han realizado las inversiones que, desde que fueron concebidas ambas, el instituto en la materia les anticipó como necesaria para poder operar coordinadamente.

Un estudio del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), elaborado por la oficina del comisionado Óscar Guerra, da cuenta de la acentuada disparidad presupuestal y de personal que enfrentarán los órganos garantes.

Mientras el instituto de transparencia de la Ciudad de México cuenta con 124.7 millones de pesos para 2016, Nayarit ejercerá 4.4 millones para este año, lo que coloca a la entidad en difíciles condiciones para asumir la expansión de sujetos obligados, recursos y portales por supervisar.

Sin embargo, en el desglose de las partidas asignadas, en función de la población en cada entidad, la cifra de inversión per cápita destinada a la transparencia en esta nueva era de relanzamiento, que pretende colocar en similares condiciones a los ciudadanos de todo el país con respecto al ejercicio y garantía del derecho de acceso a la información, refleja las disparidades en un comparativo más preciso.

Campeche es la entidad que invierte más recursos por habitante en materia de transparencia, con 20.2 pesos per cápita, Quintana Roo canaliza 15.4 y la Ciudad de México 14.

En contraste, Michoacán y Puebla reportan un presupuesto asignado de dos pesos por habitante, el más bajo del país, pero apenas un poco menos que los 2.8 que se ejercerán en Chiapas, y los 3.3 en Guerrero.

Reducción de partidas

Más allá de las comparaciones per cápita, los organismos deberán pugnar porque en un entorno de reducción del gasto no resulten impactados sus presupuestos en el inicio de esta nueva etapa. Si el órgano garante de Nayarit tiene 4.4 millones de pesos anuales, al menos una decena más de ellos tiene complicaciones financieras importantes como para realizar inversiones para la nueva etapa: Baja California, con 10.5 millones; Baja California Sur, 6.7 millones; Michoacán, 9.9 millones; Guerrero, 11.9 millones; Durango, 11.7 millones, y Zacatecas, 10.8.

La asignación presupuestal tiene impacto porque, acorde con las disposiciones legales y constitucionales, los órganos garantes deberán asumir las responsabilidades que sujetos obligados no tengan capacidad para cumplir, señaladamente los municipios de mayor marginación a escala nacional.

De acuerdo con la asignación presupuestal, Oaxaca, Guerrero y Chiapas enfrentarán este problema porque en su territorio hay municipios de alta marginación, con una población inferior a 70 mil habitantes, con presupuestos escasos para asignar a las nuevas tareas de transparencia, pero con las mismas obligaciones que tienen otros ayuntamientos con mayores posibilidades financieras, lo que complicará la operación del Sistema y Plataforma Nacional de Transparencia.

Desde que se concibió la forma en que operaría la PNT, en 2015, el Inai dejó claro a los órganos garantes cómo deberán interactuar –cuando por fin llegue a funcionar la plataforma– en el momento en que por esta vía deberán procesar las solicitudes de acceso a la información, los recursos de impugnación y las responsabiliddes de todos los sujetos obligados en el país.

Dicha PNT será administrada y operada por cada órgano en el ámbito de su entidad y con los sujetos obligados establecidos en su legislación, se indica en la forma de operación de este sistema.