Coincide con la visión del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos
Lunes 7 de noviembre de 2016, p. 5
La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es muestra de las carencias y retos en el sistema de seguridad y procuración de justicia en México, admitió el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Roberto Campa Cifrián, en vísperas de que el país sea sometido a un nuevo escrutinio internacional en la materia.
La expresión del funcionario muestra coincidencias con la visión del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, quien en su visita de octubre de 2015 –y el informe emitido un año después– advirtió que el caso Iguala ‘‘es un microcosmos de problemas crónicos que subyacen a la implacable ola de violaciones humanos que está teniendo lugar a lo largo de México’’.
Sobre lo anterior, Campa dijo: ‘‘El alto comisionado de las Naciones Unidas planteó de manera muy inteligente y precisa la vinculación de Ayotzinapa con la inseguridad que se vive en el país. O sea, no dijo que todo México es Ayotzinapa, pero de manera muy precisa y ponderada expresó que el caso agrupa todos esos faltantes en el sistema de seguridad y procuración de justicia’’.
Informe a la CIDH
El gobierno federal recién entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe del caso en el cual asegura que ha atendido todos los indicios para dar con el paradero de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014; destaca la detención de 131 probables responsables de los hechos.
‘‘Hay plena disposición del Estado mexicano en cumplir con todas las obligaciones que marca el derecho internacional (...) La investigación ha merecido una atención importantísima y ello se refleja en el dato de que hay 131 personas sujetas a proceso.
‘‘El compromiso está claro con la detención más reciente (del ex jefe policial de Iguala), quien estuvo prófugo dos años; sin embargo, el gobierno federal no le perdió la pista’’, dijo Campa a unos días de la llegada del presidente de la CIDH y del comisionado del organismo para México, James Cavallaro y Enrique Gil Botero, respectivamente.
Con la visita esta semana de los personajes mencionados se pondrá en marcha el mecanismo de seguimiento de las medidas cautelares emitidas por la CIDH, en atención a este episodio ocurrido hace 25 meses en Iguala.
Es decir, los integrantes de la Comisión Interamericana supervisarán las acciones del Estado mexicano en cuatro áreas. En principio, atención a los normalistas lesionados en los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando policías municipales levantaron a los jóvenes para entregarlos a un grupo criminal.
Uno de ellos, Aldo, se encuentra desde entonces en coma. Ahora está internado en el Instituto Nacional de Rehabilitación y se analiza –según decida su familia– continuar su atención en Guerrero. Lo anterior, luego de que un grupo de médicos cubanos revisaron la situación y concluyeron que el joven ha recibido la atención adecuada.
El segundo aspecto de las medidas cautelares dictadas desde 2014 por la CIDH se refiere a la búsqueda de los normalistas (la PGR utiliza actualmente tecnología para ubicar cavidades en tierra), y la tercera tiene que ver con la investigación de los hechos; ambos aspectos están en manos del Ministerio Público y policías federales.
El cuarto tema está relacionado con la atención a afectados directos e indirectos de los hechos, a cargo de Gobernación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).Campa aseveró que la atención a la investigación, y en general al mecanismo de seguimiento es prioridad. ‘‘No hay una sola información o indicio que no se atienda para dar con el paradero de todos los normalistas’’.
El caso Ayotzinapa –subrayó– es tema en todos los encuentros diplomáticos de nuestro país. ‘‘Ningún caso en la historia de México ha tenido un escrutinio internacional de la magnitud de Ayotzinapa, y probablemente en la historia mundial hay pocos asuntos criminales con tanta vigilancia internacional. Es un tema siempre presente’’, dijo.
–¿Están de acuerdo con la visión del alto comisionado?
–Lo que sucedió sólo se pueden verbalizar o explicar a partir de la irracionalidad de la violencia y ciertamente muestra una parte importante de los retos de nuestro país.
Finalmente el funcionario confió en que en breve empiecen a emitirse sentencias a los presuntos responsables.
