ay un viejo adagio popular que reza: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Pero en Baja California la clase política parece estar hecha de otra madera, de una muy dura, que impide escuchar. En el estado vecino, Sonora, el ex gobernador (también panista) Guillermo Padrés está prófugo de la justicia por un cúmulo de raterías e irregularidades, incluida una presa en su rancho; ya le confiscaron 19 inmuebles; más de tres de sus ex colaboradores están tras las rejas, incluido Jorge Morales, quien fue su jefe de comunicación; 10 ex funcionarios inhabilitados. En suma, 500 expedientes abiertos por el actual gobierno estatal priísta.

En Baja California la administración estatal cumplió el pasado 31 de octubre tres años; es decir, empieza la recta final, aunque para los funcionarios todavía no llega el fatídico último año, cuando empieza a brotar la pus por todos lados, y ya ha vivido más de un escándalo, aunque sin eco, porque el panismo es una mayoría con 26 años en el poder. La única reacción ha sido el ataque a los medios que publican las trapacerías.

El gobernador Francisco Kiko Vega de Lamadrid, quien nunca se ha quitado la cachucha de empresario –ni se la quitará, dice, porque la gente sabía que él era hombre de negocios cuando votó por él– no es el único señalado por los desarrollos inmobiliarios que promueve y por sus inversiones en Baja California Sur. El semanario Zeta ha documentado operaciones financieras del titular de Desarrollo Económico, Carlo Bonfante Olache, para defraudar al Sistema de Administración Tributaria y la forma en que, desde su cargo, ha conseguido recursos millonarios para su empresa, Industrias Zahori, que manejan su esposa y sus hijos.

Guillermo Trejo Dozal, primer secretario de Gobierno de Vega, fue encarcelado por la Procuraduría General de la República el año pasado por fraude fiscal. Su empresa funcionaba como aseguradora sin permiso para ello. No obstante, tan pronto salió de su celda, este año, el gobernador lo nombró secretario de Salud.

Rodeado de un grupo de empresarios que son funcionarios públicos (algunos en realidad sólo hacen negocios desde sus cargos), el gobernador de Baja California dice que duerme tranquilo cuando le preguntan por las andadas de su gabinete y sus encargados de comunicación social. Le quedan tres años.