En las reuniones de alto nivel que tendrán los integrantes del mecanismo especial de seguimiento para el caso Iguala se prevén encuentros, el próximo jueves 10 de noviembre, con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el nuevo titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, y la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu.

En la lista de encuentros también se encuentran el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez.

Durante su estancia de cuatro días en el país, prevista del 9 al 12 de noviembre, la misión enviada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estará el día 11 en las instalaciones de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, donde presentarán su plan de trabajo a los padres de los estudiantes desaparecidos y a las organizaciones y centros de derechos humanos que los representan; explicarán detalles sobre el equipo técnico que colaborará en la recopilación de información e investigación, así como de los especialistas que lo integran.

El mecanismo, que es coordinado por el relator de la CIDH para México, Enrique Gil Botero, contará, en esta primera visita, con el presidente y el secretario ejecutivo del organismo regional, James Cavallaro y Paulo Abrão, respectivamente.

De esta forma, el mecanismo especial de seguimiento iniciará formalmente sus trabajos después de más de seis meses de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su segundo y último informe sobre las investigaciones del caso Iguala, en el cual señalaron que hubo autoridades que obstruyeron las pesquisas y fueron omisas en investigaciones claves del caso; que no hay evidencias de que los estudiantes desaparecidos fueran incinerados en el basurero de Cocula y que en el ataque a los normalistas hubo perfecta coordinación entre policías y presuntos narcotraficantes.

Aunque no se ha hecho público el monto del financiamiento que requerirá el mecanismo, que tendrá una vigencia de 12 meses, trascendió que en una primera etapa se utilizarán 300 mil dólares, remanente que dejó el GIEI tras su mandato, mismo que no fue ratificado por el gobierno mexicano.

Hace unos días, durante un encuentro con una representación de padres de los jóvenes desaparecidos, el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, reiteró el compromiso del organismo con el caso Ayotzinapa y refrendó su apoyo a los familiares en su lucha en busca de verdad y justicia.