El PRD en la Asamblea Legislativa (ALDF) presentó una iniciativa de reforma al Código Penal que deroga los delitos de ataques a la paz pública y ultrajes a la autoridad, a partir de la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos (CDHDF), que pidió desde 2015 al órgano de gobierno legislativo la supresión de los artículos correspondientes, 287 y 362, al señalar que criminalizan la protesta social.

En su exposición de motivos refiere que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció también contra la constitucionalidad del delito de ultrajes a la autoridad porque la ambigüedad de su redacción abre la posibilidad de que sea aplicado de manera arbitraria por parte de las autoridades para combatir la disidencia y castigar a quienes protestan libremente.

El coordinador de la bancada de Morena, César Cravioto Romero, acusó al presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, el priísta Israel Betanzos, de conducir los trabajos del órgano dictaminador con sesgo político al congelar la iniciativa que en ese mismo sentido presentó su partido al inicio de la legislatura, hace más de un año.

Recordó que el priísta presentó también una iniciativa relativa al delito de ataques a la paz pública, pero con una visión represora de incrementar la pena hasta 30 años de cárcel, al equipararlo al delito de terrorismo.

A eéstas se suma la iniciativa que presentó el mes pasado la coalición PT-Nueva Alianza-Humanista, en los mismos términos que las de Morena y PRD para suprimir del Código Penal ambos tipos penales.

En la Asamblea Constituyente, la diputada de Morena Irma Eréndira Sandoval presentó también una iniciativa para derogar del Código Penal esos delitos, a fin de permitir la libertad de quienes han sido aprehendidos, en su mayoría jóvenes, al participar en marchas o manifestaciones de protesta.

Al presentar al constituyente la iniciativa, señaló que en la Ciudad de México se han multiplicado los casos de presos políticos, quienes fueron detenidos y acusados de los delitos de ultraje a la autoridad y ataques a la paz pública, pero que más bien se trata de un clima de persecución, sobre todo contra los jóvenes.

Lamentó que la ALDF haya frenado, mediante una moción suspensiva, la discusión y aprobación de la ley de amnistía que propuso Morena en ese órgano de gobierno legislativo.

Añadió que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya resolvió que esos delitos son inconstitucionales aún está pendiente que haya jurisprudencia y se eviten detenciones por ultraje a la autoridad o por ataques a la paz pública.