omo pocos países, celebramos la muerte como fiesta. Nuestras raíces mesoamericanas y cristianas nos permiten jugar y ser irrespetuosos ante la muerte. La muerte forma parte de nuestro paisaje, tanto en las obras de artistas gráficos como Posadas y grandes muralistas. La vemos en las representaciones prehispánicas y palpamos sus atrevimientos estéticos en el culto contemporáneo a la Santa Muerte.
Octavio Paz sostenía en su libro El laberinto de la soledad que la irreverencia e indiferencia del mexicano ante la muerte se nutría de la indiferencia ante la vida. Aunque en su ensayo concluye el profundo temor que tenemos por la muerte. Nuestros difuntos, dice Arnoldo Kraus, son parte de la vida más que de la muerte. Los muertos vivos están en la atmósfera de estos días. Presentes en la calaveritas de azúcar, en las comidas como el pan de muerto, en los colores de las flores y en los aromas. La muerte es equitativa porque alcanza a todos y es igualitaria porque no distingue raza, sexo, religión o condición social. Sin embargo, no es democrática. No todos morimos igual ni bajo las mismas atenciones, especialmente los ancianos abandonados y sin asistencia médica. Por otro lado, hay una creciente y siniestra expansión de la cultura de la muerte que ha penetrado la política y la justicia. Lloramos a nuestros muertos, víctimas de una violencia desatada por la corrupción de la clase política en connivencia con el crimen organizado y bandas de narcotraficantes. Recriminamos los asesinatos de género como un lastre que lleva lustros lacerando la condición femenina. Censuramos los crímenes homofóbicos a manos de retrógradas fanáticos de una moral religiosa única. Es una tragedia para el país la pérdida de decenas de miles de jóvenes a manos de criminales; lloramos sin consuelo los crecientes suicidios, especialmente entre adolescentes.
Cómo explicar el binomio violencia-muerte como fenómeno estructural a los familiares; cómo confortar el abatimiento que irrumpe frente a muertes inexplicables y absurdas. Por otro lado, los medios, orientados por el lucro, rinden culto a la violencia y a sus principales protagonistas en populares narcocorridos y lujosas producciones de series de televisión con altísimo rating.
Por ello debemos repensar de manera global la relación entre la ética y la muerte, y las diferentes dimensiones de la muerte como política pública. Abordamos sólo una arista: el derecho al bien morir. Para ello resulta importante considerar los resultados de una vasta encuesta nacional que elaboró la asociación Por el Derecho a Morir con Dignidad (DMD), presidida por Amparo Espinosa Rugarcía y que tengo el honor de participar en el consejo. El estudio muestra que la muerte no es tema presente entre la población, especialmente entre los jóvenes, quienes rehuyen el tema. Cuarenta y seis por ciento de mexicanos piensa en su fallecimiento una vez al año. Asimismo, 45 por ciento no habla con nadie sobre el tema. Curioso que la violencia e inseguridad nos pongan a pensar en la muerte propia y de nuestros seres queridos.
Las mayores expectativas de vida y adelantos médicos están conduciendo a un progresivo envejecimiento de la sociedad mexicana. El Inegi sostiene que 15 por ciento de mexicanos tiene más de 65 años, cuando en 2010 la cifra era de 6 por ciento. De acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población, para 2030 el número de adultos mayores será de 20.4 millones, por lo cual se incrementarán las demandas de salud y atención para ese sector de la población. Datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 señalan que del total de adultos mayores, 60 años y más, 26 por ciento tiene discapacidad y 36.1 por ciento posee alguna limitación. En los primeros, los tipos de discapacidades más reportados son: caminar, subir y bajar usando sus piernas, 64.7 por ciento; dificultades de la vista, aunque use lentes, 41.4, y escuchar, aunque use aparato auditivo, 25.9. El Estado no está preparado para atender a un creciente volumen de población de adultos mayores. Ante las tendencias demográficas del envejecimiento, el Estado debe tomar medidas estructurales y modificar marcos legislativos; promulgar leyes en favor de atención y servicios de asistencia al sector, así como reconsiderar la eutanasia, que responda a los dilemas éticos y condiciones de salud que los mexicanos enfrentarán en el siglo XXI.
México necesita prevenirse para tomar decisiones en cuanto a la muerte y que ésta llegue de la mejor manera, que es lo que hacen otras sociedades en países como Holanda, donde la eutanasia es legal. Es necesario tomar conciencia de que cuando se confronta una enfermedad grave, un mal terminal, cuando la ciencia ya no puede hacer nada, el individuo debe tener el derecho de elegir cómo quiere morir. Por ello resulta importante, volviendo al estudio de la DMC, que 68.3 por ciento de encuestados estén en favor de que en caso de una enfermedad terminal se le deba respetar su opción de adelantar su muerte. También resulta sorpresivo que cerca de 70 por ciento de entrevistados son católicos y manifestaron estar de acuerdo con que el enfermo terminal adelante su deceso. El porcentaje es mayor con los no creyentes, y desciende marcadamente con los evangélicos.
La eutanasia, sin duda, es un asunto polémico, muy discutido y aún rezagado en su desarrollo jurídico en el mundo. Pocos países la han regulado. Ante el tema existe un rechazo que procede de múltiples causas, y sus principales obstáculos se encuentran en las estructuras y doctrinas religiosas. Por ello resulta importante la presencia de la sociedad y de asociaciones civiles, como la que preside Amparo Espinosa, que hagan presencia. Ésta ha enviado una propuesta de ley a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México en relación con la eutanasia y la autonomía del paciente. La cultura de la muerte tiene diferentes frentes y se resuelve no sólo con soldados ni ejércitos. La calidad en la vida debe reflejarse en la calidad de la muerte. Una creciente población de adultos mayores y enfermos terminales tienen el derecho de optar por morir con dignidad.
