l pasado 21 de septiembre la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados dio su voto en favor de una iniciativa presentada por la diputada Sylvana Beltrones Sánchez sobre reproducción asistida, con la cual se busca establecer una regulación de las actividades que se realizan en el país en este campo de la salud. Pero no se queda ahí: el documento avalado por esa instancia legislativa tiene implicaciones que van mucho más allá de la necesaria regulación del empleo de estas tecnologías, pues de incorporarse las reformas y adiciones propuestas por la legisladora a la Ley General de Salud, se cancelaría el incipiente desarrollo en México de una de las áreas más prometedoras de la investigación científica a escala mundial, relacionada con los estudios en células embrionarias.
Además de prohibir la investigación científica en este campo, la iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria el primero de marzo de 2016, contempla castigos para quienes realicen este tipo de investigación, quienes se harían acreedores, además de otras sanciones, apenas como de cinco a 10 años de prisión.
No es la primera vez que ocurre algo así en nuestro país, en 2003 se intentó aprovechar la creación del Instituto Nacional de Medicina Genómica para introducir en nuestras leyes la prohibición de la clonación con fines terapéuticos, lo cual no prosperó, por la discusión pública que se generó en su momento sobre este tema. Hay que recordar que la resolución final en la Organización de las Naciones Unidas sobre clonación humana, también de corte prohibitivo por la influencia del Vaticano, no fue de carácter vinculante, por lo que desde entonces cada nación debe definir las reglas para la investigación en células embrionarias con fines médicos.
La legislación que se propone, busca aprovechar ahora el tema de la reproducción asistida para regresar al mismo sitio, e imponer en nuestra legislación un punto de vista completamente ajeno, sin sustento científico, y cargado de elementos ideológicos y religiosos para prohibir la investigación en células embrionarias con fines terapéuticos.
Al respecto, un grupo muy significativo de miembros de la comunidad científica y médica, publicó hace pocos días un desplegado en el que se sostiene que la iniciativa presentada por la licenciada Beltrones propone impedir la indagación sobre embriones y explica que la investigación científica sobre el desarrollo embrionario y las células troncales (células madre) ya ha tenido un impacto significativo en el desarrollo de métodos para el diagnóstico y el eventual tratamiento de enfermedades que hasta ahora son incurables. El comunicado está avalado por diversas agrupaciones, entre ellas la Sociedad Mexicana para la Investigación en Células Troncales; la Red Temática Células Troncales y Medicina Regenerativa; el Colegio de Bioética, y la Cátedra Benito Juárez sobre Laicidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, y está acompañada por las firmas de cerca de 70 científicos de muy alto nivel de diferentes instituciones médicas y científicas.
El carácter ideológico de la iniciativa es inocultable en todos los rincones de la misma, pues en lo que se refiere a la reproducción asistida se considera solamente a la pareja tradicional, lo que excluye a otras formas de organización familiar, y toma en cuenta sólo los casos de infertilidad (a la que se considera una enfermedad) demostrada clínicamente a lo largo de un año en la pareja hombre mujer, se entiende. Entre los requisitos que deberán cumplir las personas para poder acceder a los tratamientos de reproducción asistida en nuestro país, destaca que las parejas no se hayan separado o no hayan presentado solicitud de separación de anulación o disolución matrimonial, es decir, sólo puede darse dentro del matrimonio, que como sabemos es el sacramento más importante para la organización social y exclusivo para la procreación en la perspectiva de la Iglesia católica, dicho esto desde un punto de vista antropológico.
Otra cosa que llama la atención es que aunque la mujer otorgue su consentimiento para los tratamientos de reproducción asistida, no tendría derecho a ellos si no cuenta con el consentimiento de su cónyuge, con lo que quedaría anulada su libertad para decidir.
Esta iniciativa debe ser rechazada, pues además de carecer de un adecuado sustento científico (como es muy notorio en el capítulo de la bibliografía), mezcla temas que deben ser tratados por separado y discutidos con toda amplitud por la sociedad, como la regulación de las tecnologías reproductivas, por una parte, y la investigación en células embrionarias, por otra, y finalmente, porque pretende imponer una visión religiosa en un Estado laico.
Llueve sobre mojado: al retroceso presupuestario para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro país, tenemos que sumar ahora los intentos de anular áreas completas del conocimiento.
