La sociedad mexicana no debe ser confundida con señalamientos falaces de que los activistas y defensores de derechos humanos protegen delincuentes, pues eso distrae e invisibiliza las violaciones a las garantías fundamentales, aseguró el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez.

Además, consideró que uno de los principales retos que tienen los organismos públicos de derechos humanos es que sea reconocida la legitimidad de la labor que desempeñan los activistas y defensores de las garantías individuales en el país.

Ante sus pares de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, González Pérez sostuvo que estas instancias defienden la legalidad, el estado de derecho y que la actuación de los servidores públicos sea apegada al marco jurídico que los regula. Lo que no queremos es que se persiga el delito cometiendo conductas ilícitas.

González Pérez destacó que las intervenciones de los gobiernos federal y estatales han sido insuficientes para garantizar de manera integral la vigencia de los derechos humanos en el país, al tiempo que han aumentado las críticas y descalificaciones en contra de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y defensores, a quienes se les pretende restringir su influencia y campo de acción, sin comprender que su tarea es necesaria y complementa la del servicio público.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recordó que esta instancia ha pedido a las autoridades federales y estatales realizar una campaña pública permanente en materia de reconocimiento y no estigmatización del trabajo de las personas defensoras de las garantías individuales, y respetar sus derechos durante el ejercicio de sus actividades, a efecto de sensibilizar a la población en general, especialmente a los servidores públicos. 

Exhortó a que ante la inseguridad, violencia, desigualdad, discriminación e impunidad que imperan en algunas regiones del país, no se asuma una postura fatalista, sino por el contrario, una actitud de despertar y adoptar medidas drásticas dentro del marco del derecho, que garanticen la acción del Estado y, al mismo tiempo, el respeto a los derechos de las personas.