l gobierno federal no quiere dar un solo peso al gobernador panista Francisco Kiko Vega de Lamadrid para atender a los cientos de migrantes haitianos que pernoctan en Tijuana con destino a Estados Unidos. El mandatario quiere 12.5 millones de pesos para enfrentar la contingencia por lo que resta del año; la respuesta federal ha sido que se entregarán insumos a los albergues, administrados por organismos no gubernamentales (ONG), que han encarado el problema con ayuda de la sociedad civil.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), por conducto de diversos voceros, ha dicho que la Federación ha estado dando a Baja California cada mes 199 millones de pesos adicionales a las participaciones federales que le corresponden, y además tiene varias observaciones pendientes de la Auditoria Superior de la Federación en sus cuentas.

El estira y afloja por los recursos entre panistas y priistas seguirá en los próximos días con motivo del presupuesto local. El Partido Acción Nacional quiere reducir el gasto del Congreso –considerado el segundo más caro del país– y el PRI ha puesto los ojos en la oficina más importante del gobierno estatal después de la del gobernador, la de Loreto Quintero, su oficial mayor, que consume anualmente más o menos lo mismo que los diputados: 750 millones de pesos.

Ya hubo un primer desencuentro por los 476 millones de pesos que el gobierno adeuda a la Universidad Autónoma de Baja California y que ya se comprometió a pagar pero no dijo cuándo. Mientras los políticos siguen en el jaloneo, las ONG han tenido que instalar casas de campaña en sus patios para dar techo a la ola de migrantes que reciben permiso en Tapachula, Chiapas, para recorrer el país y tocar la puerta del vecino del norte.