n la Cámara de Diputados el Estado está dejando que converjan dos poderosos factores de inestabilidad y conflicto en las universidades públicas y autónomas y en otras instituciones. Por un lado el drástico recorte presupuestal, que hace que el rector y el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lo califiquen de lamentable
. A esta institución sólo se le destina un incremento de 3.8 por ciento, es decir, medio punto porcentual una vez descontada la inflación. Y allí mismo se advierte que en las instituciones estatales el presupuesto se disminuirá hasta en 9 por ciento ( La Jornada, 26/10/16). Por otro lado, se informa que ya está en la cámara una propuesta de Ley General de la Educación Superior (LGES) de corte privatizador, que vendría a deteriorar significativamente la autonomía de las universidades.
Recortes como éstos evidentemente están generando desconcierto y descontento en el grueso de los universitarios; afectará los salarios, el gasto operativo ineludible y, decisivamente, la capacidad de este nivel para crecer. Es una profunda ironía que al mismo tiempo que viene el recorte, la propuesta de LGES plantea apoyar financieramente a las instituciones particulares: “Las autoridades federales y locales (…) diseñarán y aplicarán mecanismos e instrumentos económicos para estimular a las instituciones particulares de educación superior” (artículo 50). Pero, además, da un paso importante en dirección a privatizar la orientación y el contenido mismo de la educación superior. Como objetivo de este nivel se propone dar prioridad a la formación de jóvenes emprendedores, es decir, competitivos, imbuidos de la ética del gane gane: Fomentar el emprendimiento para responder a las necesidades del desarrollo social
(artículo 7, VII). Como si los complejos problemas del país tuvieran como sustrato la falta de visión de corte empresarial en todas las clases sociales. Con esto se hace a un lado el mandato constitucional (artículo tercero) de una educación para formar en la ciencia y la solidaridad, en el respeto a la diversidad y a que las y los jóvenes se formen como ciudadanos críticos y conscientes. Efectivamente algo de esto se dice en la propuesta, pero rodeado de los señalados atributos, pierde su sustancia. De hecho, también se propone incluir en todas las universidades la formación de técnicos: Formar profesionales asociados o técnicos superiores, profesionistas, especialistas maestros y doctores competentes y comprometidos con la sociedad
(artículo 7, II), y esto como la manera fundamental de contribuir a la solución de los problemas del desarrollo del país
(artículo 7, I). Acorde con la visión empresarial, la LGES plantea además una visión vertical y centralizada de la organización de las instituciones de este nivel educativo. Estarían todas bajo un control único, mediante un Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior, que también corresponde de manera exclusiva a la autoridad educativa federal
(artículo 13). Aunque el financiamiento sí correspondería también a las localidades (artículo 14). Incluso cuando se crea un Consejo Nacional de Educación Superior, éste no sólo resulta ser meramente consultivo y propositivo
(artículo 19), sino que predomina la democracia de cúpulas. Allí estarían el gobierno federal y sus dependencias educativas, las autoridades locales, los rectores de dos o tres instituciones y los titulares de asociaciones de instituciones públicas y privadas. Propondrían las grandes líneas de política educativa, así como las estrategias y formas de coordinación.
Como la enorme mayoría de las instituciones de educación superior (pedagógicas, interculturales, tecnológicas, a distancia) ya dependen de la autoridad federal, en realidad el efecto más importante de esta nueva legislación sería la plena incorporación en esa misma bolsa de las autónomas. En consecuencia, todas las universidades estatales públicas, la Autónoma Metropolitana (UAM), la UNAM y también la Autónoma de la Ciudad de México (UACM), estarían sujetas a los procesos homogéneos que permitan valorar la calidad académica de las instituciones de educación superior y de sus programas
, y esto es algo que, se enfatiza para que no haya confusión, le corresponde determinar exclusivamente al gobierno federal
(artículo 13). Y homogéneo significa tender hacia definiciones únicas de calidad en medio de una enorme pluralidad de instituciones.
Esto quiere decir que las universidades no sólo están ahora amenazadas por las reducciones presupuestales y, en el caso de la UACM, por definiciones ajenas a lo que es una institución autónoma, sino también por una iniciativa nacional que pone en entredicho la autonomía universitaria. En ese sentido, cobra especial sentido lo que ocurrió el pasado miércoles 26, cuando cientos de alumnos de esta institución y grupos estudiantiles solidarios, de manera vigorosa y creativa, demandaron presupuesto y autonomía a las asambleas Legislativa y Constituyente de la Ciudad de México, respectivamente. Y ambas supieron no sólo oír, sino escuchar y valorar los argumentos y, también respectivamente, ofrecer que se otorgarían los recursos requeridos, se discutiría con la UACM y atendería la modificación solicitada al proyecto de Constitución. Las demandas universitarias nacionales por mayor presupuesto y respeto a la autonomía merecen un trato similar.
*Rector de la UACM
