asi siempre, cuando alguna organización nacional o internacional hace alguna recomendación a una autoridad mexicana por la violación de derechos de alguna persona o grupo, ésta asume una posición defensiva, niega los hechos que se le imputan y se resiste a hacer efectiva la observación.

Para defenderse suele usar la información que le hacen llegar precisamente los jefes y subordinados de quienes cometieron la falta, en vez de basarse en una investigación extramuros que pudiera ser neutral y, por tanto, más cercana a la realidad.

Sería sano, por consiguiente, que, lejos de caer en una situación similar, el gobierno del estado concentre su atención en la recomendación que le hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso de una indígena amuzga que murió cuatro horas después de la labor de parto, a consecuencia –afirma el organismo– de actos y omisiones del personal médico del hospital general de Ometepec.

Si la muerte de un ser humano amerita toda la atención, en este caso sería conveniente tomar en cuenta que los hospitales dependientes de la Secretaría de Salud (Ssa) son fuente de constantes quejas de los usuarios por mal servicio. El personal médico aduce carencia de medicamentos, personal y equipo, independientemente de los excesos u omisiones que cometen algunos trabajadores solapados por su sindicato.

Durante los sexenios recientes el sector salud ha sido el más cuestionado por su ineficiencia, el que más conflictos presenta por incumplimientos con sus trabajadores y el que más saqueos ha sufrido. Las respuestas invariables han sido la impunidad y el silencio cómplice de quienes manejan los recursos.

Es buen momento para que el gobierno estatal, lejos de justificar las fallas, aproveche la oportunidad, se meta a fondo y comience a corregir deficiencias y vicios que corroen el sector. Así como hay malos trabajadores, los hay buenos, y en ellos debería apoyarse el gobierno para practicar una cirugía mayor en vez de dejar que el paciente muera porque ni mejoralitos le han recetado.