l pasado día 12, en la firma del contrato colectivo de trabajo (CCT) del IMSS, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete, afirmó con orgullo que en tres años México no ha tenido huelgas; como si éstas fueran un delito, por tanto, un triunfo del gobierno de Peña Nieto. Tal consideración le merece el derecho constitucional de huelga.

Lo llena de gusto que no las haya, como si las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias estuvieran satisfechas, como si la opinión pública no supiera de la pobreza nacional ni de los bajísimos salarios que existen para la mayoría de la sociedad.

¿En qué concepto tiene el gobierno la huelga, que define como meta llegar a cero? Tal política sólo beneficia a los empresarios, pues impide a los sindicatos negociar y, en su caso, presionar a los patrones que violan la Ley Federal del Trabajo (LFT). Esa finalidad tiene la huelga: impedir que los patrones abusen y transgredan la LFT. Es el instrumento para lograr el equilibrio entre el capital y el trabajo, ya que las partes no son iguales: uno es el dueño de la empresa y el capital, y al otro sólo le pertenece su fuerza de trabajo manual y/o intelectual. En el mundo la huelga surge como base de la justicia social: negarla es negar tal justicia.

La desventaja de los trabajadores es obvia, pero si además el patrón no cumple o viola las leyes, ¿qué recurso legal tienen los obreros para hacerlas cumplir? Mario de la Cueva afirmó: la huelga no es un conflicto, es la solución de éste. La política de cero huelgas no es un intento racional de reducir los problemas en el trabajo, sino de agudizarlos, al negar la justicia para los que menos tienen.

En efecto, desde hace años se impide o prohíbe el ejercicio de huelga con diversos recursos ilegales o extralegales, que no contiene la LFT, como es el hecho de que horas antes de iniciarla, la autoridad archive el expediente, sin fundamento legal, como ocurrió en marzo de 2016 con varios sindicatos. O como sucede hoy con las dos huelgas mineras que empezaron el pasado día 3 por la revisión de los contratos colectivos, en las que la autoridad suspendió la audiencia desde las 9 de la mañana, sin dejar participar a nadie; hasta ayer quedó abierta: ¡16 días! De uno u otro modo el gobierno impide la huelga. No por decisión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), que sólo obedece. Así, volvemos a los tiempos de Porfirio Díaz.

¿Qué sindicato puede realizar un paro de labores si el gobierno opone todo su aparato en contra? Obstruir el ejercicio legal del derecho de huelga, es negarlo. El problema de fondo en México no son sus leyes, sino su atropello por el gobierno.

El tope salarial impide ilegalmente la libre negociación colectiva.

Al inicio de 2016, el gobierno y los empresarios fijaron el tope salarial en 3.9 por ciento mediante la Comisión de Salarios Mínimos. Pero el 12 de octubre lo redujeron a 3, que todos obedecen, pues la autoridad prohíbe otros aumentos, con claro daño para los trabajadores. En la bonanza económica las empresas no comparten sus ganancias, en cambio, en la crisis, socializan las pérdidas, la miseria y los despidos.

Es reconocido por la OCDE y la Cepal el bajo sueldo de la mayoría de los mexicanos. En cambio, los grandes empresarios y las cúpulas de los tres poderes aumentan sin límite sus ganancias y percepciones. Así, el gobierno repite su política: contra los pobres y en favor de los ricos, a la vez que impide la libertad de negociación colectiva y de conciliación, violando la LFT y el Acuerdo de Asociación Transpacífico (aún sin ratificar).

También perjudican a las pequeñas y medianas empresas, ya que todos los patrones por igual tienen que cubrir el mismo porcentaje del tope: grandes y trasnacionales junto a las pequeñas, como si todos tuvieran la misma capacidad económica. De nuevo el gobierno aplica la misma política: favorece a las grandes empresas y trasnacionales, en perjuicio de las pequeñas y medianas.

Tales políticas impiden que la JFCA ejerza su autonomía de jurisdicción en las negociaciones colectivas y en la huelga. De esa magnitud son las tres políticas oficiales: cero huelgas, topes salariales y un criterio desigual en favor del gran capital nacional y extranjero.

Con bajísimos salarios, sin derecho a huelga y una política en pro sólo de los poderosos: ¿adónde quieren llevar a México? ¿Hay dos Méxicos o uno solo: ilegal, desigual e injusto?

Enrique Peña Nieto afirma que hay dos Méxicos: uno atrasado y otro de vanguardia. Nosotros creemos que hay uno solo en el que aplican una política profundamente errónea, que favorece la desigualdad y la lleva a extremos peligrosos. Basta ver cómo crecen las fortunas de unos cuantos oligarcas y las trasnacionales, la forma en que obtienen más y nuevas concesiones petroleras, eléctricas, mineras, terrenos, suelos y subsuelos, mares y plataformas, playas y fronteras.

A la vez que se frenan o impiden las libertades y garantías sociales e individuales, en particular la soberanía popular y nacional. Ya no hay consultas públicas para que los ciudadanos participen en las grandes decisiones nacionales. Se les excluyó de las reformas estructurales, del Acuerdo de Asociación Transpacífico, de la venta de Pemex y CFE, y de las reformas laborales de 2012 y 2016.

El poder económico trasnacional y local está activo todos los días, y sus intereses bien representados por las cúpulas de los tres poderes y los medios de comunicación, mientras a la ciudadanía se le frena y limitan su participación y sus foros. La voz de la sociedad no es escuchada.

Por eso resulta indispensable exigir al gobierno que respete el derecho de huelga y retire su política de cero huelgas, que es una vergüenza nacional. Que respete la libre negociación colectiva entre las partes y que retire la política de topes salariales. Que otorgue plena libertad de jurisdicción a la JFCA, para que asuma su autonomía jurídica como ordenan la Constitución y la LFT.

*Miembros de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), y de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL)