l próximo presidente de la República (de 2018 a 2024) tendrá las manos atadas a la voluntad de Enrique Peña Nieto a consecuencia de que la Procuraduría General de la República (PGR) se transforme en Fiscalía General de la República (FGR). El blindaje transexenal que se ha fabricado el actual ocupante de Los Pinos podría abarcar incluso el primer año del siguiente mandatario federal, casi todo 2025 (si es que aún queda país).

Dicho de otra manera, el estilo de retorcimiento criminal de las instituciones que se practicó con Jesús Murillo Karam y se sobrellevó con Arely Gómez, estará garantizado con Raúl Cervantes Andrade, el abogado constitucionalista que ayer fue aprobado como titular de la PGR con una imprudente ligereza (es decir, con instruida agilidad procesal, más irreflexión y complicidad políticas) por la gran mayoría de los integrantes de la cámara de senadores (82 votos a favor, tres en contra y una abstención) a la que pertenecía el propio agraciado apenas un día antes.

El premio transexenal de los senadores a Peña Nieto, al aprobarle su nombramiento personalísimo a favor de Cervantes Andrade, sin pizca de la pretensión de autonomía que debería garantizarse en la PGR y mucho más en la futura FGR, equivale a impedir que una próxima administración federal pueda procesar con éxito las eventuales intenciones justicieras contra Peña Nieto e implicados y, además, propiciará que se mantengan impunes (con mejor barniz de doctrina jurídica) hechos tan graves (cometidos con la participación de soldados o policías de diversas jurisdicciones) como la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, las ejecuciones de civiles como ha sucedido en Apatzingán, Tlatlaya y Tanhuato, los asesinatos de pobladores en Nochixtlán o, por otra parte y con otros mecanismos igualmente protegidos, las pillerías de los gobernadores y del propio ámbito gubernamental federal.

Los senadores, sin embargo, no atendieron las denuncias de violencia intrafamiliar o las evidencias facciosas (Cervantes Andrade es primo del consejero jurídico de Los Pinos y del director de la Conade) y en menos de 24 horas ya tenían el sí a la propuesta hecha por Peña Nieto. Ahora, el Congreso federal deberá realizar simulacros de debates y consultas para avanzar en la conversión de la PGR en Fiscalía General de la República, con su ley orgánica, para que Cervantes Andrade, es decir, Peña Nieto, extienda su nombramiento de ayer por nueve años más.

El cambio de PGR a FGR fue aprobado en diciembre de 2014 en la cámara de diputados, por 370 votos a favor, 43 en contra y seis abstenciones, y en uno de sus artículos transitorios se dejó la puerta abierta para que el titular de la primera, la PGR, fuera titular de la nueva fiscalía, con la duración antes mencionada. El objetivo, se dijo en San Lázaro, era que la tal Fiscalía General de la República llegue a contar con autonomía constitucional, pues para ejercer dicha función de manera más eficiente no debe estar subordinada a otro poder u órgano. Mmm.

Pero no se crea que el secuestro del futuro ha quedado solamente en el terreno de la procuración de justicia. Las bancadas de los partidos mayoritarios (PRI, PAN y PRD), que ratificaron de manera obsequiosa la propuesta de Los Pinos a favor de Cervantes Andrade, están tratando de asegurar para sus intereses el comportamiento de quienes juzgarán los procesos electorales y los litigios que susciten. Ya se repartieron, cual piratas un botín, los cuatro cargos disponibles de magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cuotas, a lo descarado. Tantos para ti, tantos para mí, y todos felices, con PRI y PAN como los principales beneficiados y el sol azteca como convidado pobre.

Tales trabajos casi paradisiacos, exageradamente bien pagados, con una anchura de presupuesto y prestaciones que ata a los jueces partidizados al rodar de la maquinaria del régimen, no deberían terminar tan pronto, así que los mismos partidos que ya los socorrieron con el nombramiento ahora buscan extender el plazo de gracia: dos de los cuatro nuevos magistrados fueron designados para fungir durante seis años, pero ahora se pretende que sea por ocho; los otros dos, que fueron instalados por tres añitos, disfrutarían del erario por siete. Apenas fueron designados el pasado jueves y ya este martes los legisladores pertenecientes a la mayoría coaligada (PRI, PAN y PRD) están tramando aumentarles el tiempo de disfrute. Caray: ¿Qué magistrado electoral se negaría a ser agradecido con los amables jefes partidistas que lo nombran para una súper chamba de jeques y luego le extienden sustancialmente la estancia confortable? ¿A favor de qué intereses es previsible que voten esos magistrados electorales en las elecciones presidenciales de 2018 e incluso las de 2024? ¡Ay, ay, ay, viva México!

A propósito de ironía (o cinismo) partidista: el PRD presentó ayer ante la PGR (ya bajo mando de un enviado de Peña, conforme a lo que votaron los propios senadores perredistas), una enérgica demanda de que se someta a juicio político al citado mexiquense, ni más ni menos que por traición a la patria ¿Dicha acusación se refiere a alguno de los actos derivados de la firma perredista del Pacto por México? No. Se refiere a la visita de Donald Trump a México, sobre todo a que fue recibido amistosamente, aun cuando sus pronunciamientos ofenden al espíritu mexicano. Es más, Peña Nieto habría violado la ley al poner un helicóptero del Ejército a disposición del multimillonario gringo que es enemigo de México. ¡Oh, cuánta valentía y patriotismo de los directivos del partido del sol azteca!

Y, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación demuestra espíritu de cuerpo y protege a sus colegas del Poder Judicial de la Ciudad de México para que no rindan las declaraciones conocidas como 3 de 3, ¡hasta mañana, con el escándalo de Javier Duarte en una especie de receso, ante nuevos escándalos y en espera de que el panista Miguel Ángel Yunes también sea llevado a escena!

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