El presidente Enrique Peña Nieto propuso a la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez González, como nueva secretaria de la Función Pública, y para sustituirla, al senador Raúl Cervantes Andrade. Ambos cargos deben ser ratificados por el Senado de la República.

En un comunicado de Los Pinos, el mandatario hizo especial ‘‘agradecimiento y reconocimiento’’ a Gómez González por su ‘‘dedicación y esfuerzo’’ en la PGR. Resaltó además que en su nueva encomienda tendrá a su cargo la instrumentación del Sistema Nacional Anticorrupción.

Y en el caso de Cervantes Andrade, en tanto se da la votación del Senado, lo designó como subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales y por tanto encargado de la PGR.

Dos horas antes de hacerse pública la decisión presidencial, Raúl Cervantes Andrade, senador por el PRI, presentó su solicitud de licencia ante el pleno para separarse en forma indefinida de sus tareas legislativas. Este miércoles comparecerá ante quienes hasta ayer eran sus pares y se espera hoy mismo su ratificación como nuevo procurador.

A su vez, la senadora con licencia Arely Gómez se presentará mañana ante la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana dentro de proceso para ratificarla al frente de la Secretaría de la Función Pública (SFP), dependencia acéfala desde julio de este año por la renuncia de Virgilio Andrade.

Es la segunda vez que Cervantes –quien forma parte del grupo cercano al presidente Peña– deja su escaño. Lo hizo en agosto de 2014, a fin de cumplir con los requisitos legales para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo, no lo logró porque se le cuestionó su militancia partidista y su relación familiar con el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes –quien es su sobrino– y regresó al Senado.

Ayer dejó también su lugar como diputado constituyente de la Ciudad de México y la presidencia de la comisión encargada de los festejos por el Centenario de la Constitución. Sus compañeros del PRI y senadores de las demás fuerzas políticas, incluidos los coordinadores de PAN y PRD, le desearon éxito en su nuevo encargo. Algunos legisladores consideraron que, con la medida, Cervantes se proyecta para encabezar la fiscalía general de la República, en la que se habrá de convertir la PGR.

En entrevista, dijo que en materia de impartición de justicia el reto es dar continuidad al nuevo sistema penal acusatorio, y no se quiso pronunciar sobre el caso Ayotzinapa ya que, dijo, no conoce el expediente.

Cervantes Andrade presidió el Senado de 2013 a 2014, y tuvo a su cargo la aprobación de la reforma energética. Participó también en la creación del nuevo sistema anticorrupción. Ha sido dos veces diputado y abogado del PRI. Es doctor en derecho constitucional, catedrático y conferencista. Fue fundador y director general del despacho CEA-Abogados (en 1987), desde el que ha actuado como litigante en materia administrativa y constitucional.

A su vez, Arely Gómez deja la PGR un año y siete meses después de asumir ese encargo, donde sustituyó a Jesús Murillo Karam, cuya salida se consideró obligada tras las críticas por su labor en las investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El caso Iguala se mantuvo como uno de los más relevantes y controvertidos en la gestión de Gómez González y sigue abierto. Tramitó e impulsó los juicios de extradición en contra de Joaquín El Chapo Guzmán, luego de su fuga y posterior reaprehensión. También fue responsable de integrar y consignar las acusaciones penales en contra de los ex gobernadores Javier Duarte, de Veracruz, y Guillermo Padrés, de Sonora, acusados de corrupción, así como la extradición del empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon.

Ayer mismo, el Senado aprobó una nueva convocatoria para el nombramiento del titular de la fiscalía especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción.

Los aspirantes al cargo deberán ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, tener título profesional de abogado, gozar de buena reputación, no haber sido condenados por delito doloso y no desempeñar ni haber desempeñado cargos de dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años inmediatos anteriores a la citada designación.

Al mismo tiempo el Senado cerró la anterior convocatoria, de febrero de 2014, en la que participó una treintena de aspirantes, quienes podrán inscribirse en el nuevo llamamiento.