La Procuraduría General de la República (PGR) contará con un plazo máximo de tres meses para presentar ante un juez federal, con sede en el Reclusorio Norte, las pruebas que obtenga de autoridades estadunidenses con las que pueda sustentar que Javier Duarte y sus coacusados realizaron transacciones y adquirieron bienes inmuebles en ese país con recursos que pertenecían al erario de Veracruz.

Durante la audiencia realizada el domingo pasado en el Centro de Justicia Penal Federal, en el Reclusorio Norte, el juez Gerardo Moreno García escuchó los alegatos del Ministerio Público Federal y también los argumentos de la defensa de dos mujeres que se encuentran señaladas por la PGR como responsables de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, por estar involucradas en la red de operadores financieros y prestanombres que organizó el gobernador con licencia Javier Duarte.

El juez federal determinó que la PGR deberá aportar más datos del involucramiento de las dos mujeres sujetas a proceso y las transferencias y adquisiciones en las que hubieran participado en el ocultamiento de la identidad del verdadero propietario, que sería el gobernador con licencia.

A partir de que ambas inculpadas comparecieron por decisión judicial, su nombre no puede ser publicado, puesto que no han sido encontradas culpables de los delitos que se les acusa, pero el Ministerio Público podrá solicitar la colaboración de las autoridades estadunidenses para perfeccionar las imputaciones en contra de ellas y de los nueve integrantes de los prestanombres que dirigía Javier Duarte, según las investigaciones.

En este caso, la PGR documentó que a través de la empresa –legalmente constituida en el año 2011– Consorcio Brades SA de CV, con domicilio en Palma Norte 315, colonia Centro, de la Ciudad de México, el mandatario con licencia transfirió más de 220 millones de pesos del erario del estado de Veracruz para la adquisición de cinco parcelas en Campeche, donde ilegalmente colocó como ‘‘ejidatario’’ a uno de sus prestanombres, Moisés Manzur, y posteriormente se construyó un desarrollo inmobiliario de lujo.

En esas operaciones habrían participado ambas inculpadas, en combinación con Javier Duarte de Ochoa y varios familiares del ahora prófugo de la justicia.

En el domicilio de Consorcio Brades SA de CV no existe ninguna oficina en la que opere la supuesta empresa dedicada a la ‘‘intermediación de comercio al por mayor’’, pues se trata de locales que en su mayoría son una sola habitación, en las que se reparan joyas, se compra padecería de oro y plata y hay algunas imprentas.