Caracas.

La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición de derecha, aprobó iniciar un procedimiento con miras a un juicio político y penal, término no estipulado en la Constitución, contra el presidente Nicolás Maduro, por su responsabilidad en la ruptura del hilo constitucional tras la suspensión en la recolección de firmas para llamar a un referendo revocatorio del mandato del Ejecutivo.

El Parlamento ordenó a una comisión preparar un estudio sobre la responsabilidad penal y política y abandono del cargo, figura prevista en la Carta Magna para cuando el presidente deja de ejercer sus atribuciones.

Calificándolo de juicio político aunque no está estipulado en la Constitución, los diputados también acordaron citar a Maduro a la sesión del próximo martes para que se someta al escrutinio del pueblo y responda a las acusaciones.

La propuesta fue presentada por Julio Borges, jefe de la bancada opositora, quien la justificó en la declaración que hizo el domingo el Parlamento acerca de que el freno al referendo consumó un golpe de Estado en el país petrolero.

Poco antes de la votación, Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y diputado, calificó la iniciativa de un absurdo y recordó que el Parlamento fue declarado en desacato por la justicia y sus decisiones consideradas nulas.

El constitucionalista José Ignacio Hernández señaló a la agencia Afp que aunque un juicio político no está expresamente previsto en la Constitución, sí está contemplada la figura de responsabilidad política.

De regreso de una gira internacional, Maduro convocó durante una manifestación oficialista en Caracas al Consejo de Defensa de la Nación, a los presidentes de los poderes públicos y al presidente del parlamento, el opositor Henry Ramos Allup, a evaluar el golpe parlamentario de la oposición, que aprobó un juicio político en su contra.

En un acto con miles de seguidores, Maduro desestimó la iniciativa del Congreso, calificándola de intento de generar zozobra coordinado desde Estados Unidos. Podrán ir a su rincón de amargura, pegar cuatro gritos y de allí no pasarán, sostuvo.

El ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, descartó que haya ocurrido una ruptura del orden constitucional en el país y rechazó el acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional.

Sorprende que los diputados que aprobaron este acuerdo acudan a instancias internacionales y soliciten su intervención en asuntos que sólo competen a los venezolanos, con el fatuo argumento de una alteración del orden constitucional, mediante un supuesto golpe de Estado, que en modo alguno se ha llevado a cabo, señaló.

Padrino aseveró que la declaración legislativa no es más que un mecanismo subrepticio y perverso para promover el injerencismo o incluso la irrupción de una fuerza extranjera en territorio patrio, con la que aspiran de forma vil a materializar oscuras ambiciones de poder.

Más tarde, Diosdado Cabello afirmó que el diálogo planteado con la oposición el lunes con la facilitación del Vaticano, no es para negociar la salida de Maduro.

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tomó la decisión unánime de acudir a la cita del próximo 30 de octubre en la isla Margarita, pese a mostrar divisiones en torno a la apertura de un diálogo con el gobierno, anunciado por el enviado del Vaticano, Emil Paul Tscherrig, nuncio apostólico en Argentina.

Según Tscherrig, en una reunión entre delegados del gobierno y el secretario de la MUD, Jesús Torrealba, la primera en dos años y medio de crisis, se definieron temas, metodología y cronograma para iniciar el diálogo en la isla Margarita.

Pero poco después de ese anuncio, el líder opositor y gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles, y otros altos dirigentes de los tres principales partidos de la MUD, como el jefe parlamentario Henry Ramos Allup, y el encarcelado Leopoldo López, dijeron haberse enterado por televisión de la reunión del día 30.

Oficialmente, la MUD aún no ha rechazado el arranque de las conversaciones el próximo domingo, aunque puso como condición que sea en Caracas.

La MUD considera la suspensión del referendo revocatorio como una violación a la Constitución y dijo que batallará en tres frentes para restituir el hilo democrático: en la Asamblea, en las calles con masivas manifestaciones y en el ámbito internacional.

La semana pasada el Consejo Nacional Electoral pospuso hasta nuevo aviso la recolección de firmas para la realización de un referendo revocatorio contra Maduro apoyándose en sentencias de cortes regionales, al responder a reclamos del chavismo de que muchas firmas eran fraudulentas.

Con eso enterró la posibilidad de que la consulta se celebre antes del 10 de enero de 2017. Si se realiza después de esa fecha y pierde Maduro, no sería necesario celebrar nuevas elecciones y sería el vicepresidente quien concluiría el mandato, lo que aseguraría la permanencia del chavismo en el poder hasta 2019.

La oposición responsabiliza a Maduro de la aguda crisis que atraviesa el país petrolero, con la inflación más alta del mundo, recesión económica, fallas en los servicios públicos y escasez de alimentos y medicinas.

En ese contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció lo que describió como una prolongada serie de limitaciones a los derechos políticos de Venezuela y la Unión Europea pidió al gobierno venezolano y la oposición abstenerse de tomar medidas que desemboquen en violencia ante la actual crisis política.