uego de que se dio a conocer la noticia sobre el nacimiento de un bebé con la técnica conocida como terapia de remplazo mitocondrial, en la cual hay una aportación de material genético de tres personas (el padre, la madre y una donadora de mitocondrias), el debate en los medios científicos de todo el mundo no ha cesado. Varios son los temas de discusión que han surgido alrededor de este acontecimiento, pero uno de ellos tiene que ver directamente con nuestro país, pues la técnica que tuvo como resultado el nacimiento del bebé con tres padres (estrictamente hablando un niño con un padre y dos madres genéticas), se realizó en México en la ciudad de Guadalajara, con la participación directa de especialistas mexicanos.

Como lo señalé en un artículo anterior publicado en este mismo espacio (La Jornada, 4/10/16), esos proyectos están prohibidos en la mayoría de los países, con excepción del Reino Unido, donde se aprobó recientemente la realización de estos estudios con la finalidad de preservar la fertilidad en mujeres portadoras de enfermedades genéticas de origen mitocondrial (las mitocondrias son pequeños órganos situados en el citoplasma de las células que las proveen de energía y contienen material genético cuyas alteraciones pueden acarrear enfermedades graves que se transmiten a la descendencia). Cuando la revista New Scientist preguntó al líder del proyecto, el doctor John Zhang, del New Hope Fertility Center (Clínica de Fertilidad Nueva Esperanza) en Nueva York, ¿por qué esta experiencia se había realizado en México?, declaró que la razón es que en nuestro país no hay reglas… Y, en efecto, no las hay.

El proyecto que condujo al nacimiento del bebé citado se realizó en una clínica de Guadalajara que lleva el mismo nombre en inglés de la que encabeza Zhang en Nueva York, cuyo director médico es el doctor Alejandro Chávez Badiola, coautor con Zhang de por lo menos nueve trabajos publicados entre 2008 y 2016 en la revista Fertility and Sterility, la cual goza de prestigio en este campo del conocimiento. Lo anterior tiene un lado muy alentador, pues significa que en nuestro país se cuenta con los recursos humanos y la infraestructura necesarios para la realización de estos proyectos de reproducción asistida en un nivel comparable o superior a los de otros países. En otras palabras, México se encuentra en la frontera del conocimiento en este campo. Aunque la parte incómoda es que queda abierto el problema desde un punto de vista legal, que es lo que se está objetando en otros países.

La pregunta que surge es si se violó alguna legislación en México. Al ser consultado sobre este caso, el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Julio Sánchez Tépoz, declaró el pasado 6 de octubre en el noticiero matutino de Televisa, que conduce Carlos Loret de Mola, que la clínica en la que se materializó este proyecto cumple satisfactoriamente –desde 2009 a la fecha– con la normatividad vigente, aunque aclaró que ésta se refiere a la infraestructura de la clínica en los aspectos sanitarios. Agregó que “(…) la regulación no comprende de manera específica que deba existir una autorización sanitaria o un permiso para la generación de un tratamiento de este tipo (…) Por lo cual hoy está permitido”.

A mí me sorprendió la actitud tan abierta del titular de la Cofepris, pues consideró como una oportunidad que se haya realizado esta experiencia en México. Explicó que hay países que parten de un prohibición absoluta, lo que constituye un obstáculo para la investigación científica. Sánchez Tépoz informó que por instrucciones del secretario de Salud, José Narro Robles, se ha creado un grupo de trabajo, el cual (aprovechando que no está prohibido) pueda desarrollar los mecanismos específicos regulatorios técnicos que comprenden de manera integral los aspectos técnicos, bioéticos y de derechos humanos involucrados con este proyecto y que son objeto del debate mundial. Confió en que con este grupo de trabajo sería posible empujar una normatividad que permita regular de manera específica la reproducción asistida en nuestro país.

Ojalá tenga razón el titular de la Cofepris, y pueda generarse una legislación que permita realizar investigación científica contando con una regulación apropiada en este campo del conocimiento. Aunque los vientos que soplan no parecen favorables, pues en el Congreso ya se alistan iniciativas de corte extremadamente conservador auspiciadas por la Iglesia católica, que intentan impedir el avance científico de México en estas áreas, iniciativas que deben primero ser rechazadas.