La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) celebró la reforma de justicia laboral que fue turnada por el Senado a la Cámara de Diputados, y apremió a que se avance en la de la Ley Federal del Trabajo, con el fin de que para la admisión y trámite de los emplazamientos a huelga que tengan por objeto la firma de un contrato colectivo de trabajo, sólo puedan iniciarse por los sindicatos que acrediten la representación mayoritaria de los trabajadores al servicio de un patrón, como requisito previo al conflicto.

El presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega, dijo que la reforma representa una oportunidad para brindar certeza jurídica a los factores de la producción, aunque será también el desafío de contar con la infraestructura material y humana necesaria para su implementación, de manera oportuna y eficaz.

La reforma aprobada en el Senado tendrá que ser avalada por los diputados y las legislaturas de las entidades federativas.

En tanto concluye el proceso, dijo el dirigente empresarial, será necesario continuar con la reforma a la Ley Federal del Trabajo orientada a establecer el procedimiento, requisitos para la admisión y trámite de los emplazamientos a huelga que tengan por objeto la firma de un contrato colectivo de trabajo, para garantizar que puedan iniciarse únicamente por los sindicatos que acrediten la representación mayoritaria de los trabajadores al servicio de un patrón, como requisito previo al conflicto, dijo Herrera Vega.

Manifestó que los productores de diversas regiones y sectores del país son conscientes que en un mundo globalizado el bienestar del capital humano es fundamental para el desarrollo económico y social de México, y en este sentido entrar a un proceso de modernización legal e institucional en nuestro país podrá abrir nuevas posibilidades para elevar la competitividad de la industria nacional.

Los presidentes de las comisiones de seguridad social y trabajo, y de previsión social de la Concamin, Fernando Yllanes, y Octavio Carvajal, respectivamente, consideraron que la reforma permitirá dejar atrás los actos de extorsión contra los patrones y por tanto, los llamados contratos de protección.