El enfrentamiento del viernes entre las comunidades yaquis Lomas de Bacum y Lomas de Guamúchil se produjo luego de que el juzgado séptimo de distrito, con sede en Ciudad Obregón, ordenó suspender la construcción del gasoducto del Noroeste en las tierras de Bacum, hasta lograr un acuerdo de fondo entre las partes involucradas.

Dirigentes de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina recordaron que el 6 abril pasado la autoridad tradicional de Lomas de Bacum interpuso un amparo contra la obra, el cual fue ganado y la juez ordenó suspender la construcción del gasoducto que pretende pasar por Lomas de Bacum, único de los ocho pueblos yaquis que se opuso al proyecto.

La decisión se anunció el pasado 18 de octubre, lo que desató la inconformidad de las siete comunidades de la etnia que habían firmado en favor y que desembocó en el zafarrancho del viernes, que dejó un muerto y ocho heridos. La autoridad no detuvo a ningún participante en la gresca.

Rodrigo González Enríquez, doctor en ciencias de la tierra y asesor de la tribu, declaró que aun logrado el amparo de suspensión de la obra, las comunidades indígenas buscarán alternativas posibles en materia jurídica para frenar de tajo que sus tierras sufran cambios estructurales.

No dejaremos que se construya ni se desarrolle un gasoducto en las tierras yaquis. El territorio pertenece a ellos y no todo se compra con dinero, primero está la integridad y seguridad de los pobladores, declaró González.

En este contexto, integrantes de Lomas de Bacum solicitaron al gobierno federal –mediante la Secretaría de Gobernación, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos– intervenir para evitar más enfrentamientos entre comunidades indígenas provocadas por la pretensión de las empresa Ienova –filial de la californiana Sempra Energy en México– y de la constructora Agua Prieta de perforar cuatro kilómetros de Lomas de Bacum.

El enfrentamiento del viernes, dijeron, es resultado de la negativas de la empresa y del gobierno a cargo de Claudia Pavlovich para acatar el fallo de la juez María del Rosario Alcántara Trujillo.

Rocío Miranda Pérez y Luis Enrique Ortiz, líderes nacional y estatal de la UFIC, exigieron el respeto al estado de derecho y el cumplimento de la orden judicial para evitar más enfrentamientos intercomunitarios.

Denunciaron que Lomas de Bacum se encuentra incomunicado, lo que provoca violaciones a los derechos humanos de los indígenas que ahí habitan.

(Con información de Laura Poy)