México respondió ayer a las recomendaciones del titular del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, con la promesa de analizar una posible legislación sobre el uso de la fuerza pública, pero rechazó modificar el Código de Justicia Militar.

En su aceptación parcial de las sugerencias que hizo el especialista tras la visita que efectuó al país en octubre de 2015, las autoridades mexicanas explicaron que no es factible considerar mayores modificaciones al código y que la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 otorga a las autoridades civiles un marco jurídico suficiente y reforzado para conocer casos de presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por personal militar.

Los planteamientos del comisionado se dan en medio de la guerra contra el narcotráfico en la que se enfrascó el país desde 2006, la cual ha generado críticas de organizaciones internacionales por las numerosos denuncias de abusos contra las fuerzas del orden.

El organismo internacional recomendó a México crear un consejo asesor de renombrados expertos en el campo de los derechos humanos y el combate a la impunidad, para aconsejar al Estado sobre estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y sanción y reviertan la tasa de impunidad.

También instituir una unidad especializada de alto nivel de la Procuraduría General de la República que investigue y coadyuve a sancionar delitos como la tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, y adoptar una ley nacional sobre el uso de la fuerza por parte de servidores públicos en concordancia con los estándares internacionales.

De igual manera sugirió crear una legislación que permita el registro unificado de las personas privadas de su libertad, aprobar normas contra la tortura y desaparición forzada, complementar los esfuerzos para aplicar una política de seguridad pública que respete los derechos humanos, y garantizar que los pueblos indígenas sean consultados cuando se proyecten o tomen medidas que afecten sus derechos.

Por lo que hace al código militar, le pide reformarlo para que la jurisdicción civil también conozca casos de violaciones de derechos humanos cometidas contra militares. Sumado a ello, insta a las autoridades civiles a cumplir plenamente con su deber de investigar adecuadamente cualquier práctica indebida por parte de elementos de las fuerzas armadas, incluyendo la responsabilidad de mando.

En su respuesta a las 14 recomendaciones, el Estado mexicano señaló que cualquier afectación a las garantías fundamentales cometida en agravio de un militar puede ser revisada o recurrida ante tribunales ordinarios a través de un juicio de amparo.

Expuso que los planteamientos del comisionado se aprecian constructivos y atendibles, aunque algunos dependen en gran medida de las acciones de los poderes Judicial o Legislativo o bien de los estados.

La respuesta de México fue entregada al comisionado por un grupo de funcionarios relacionados con el tema de los derechos humanos durante una reunión realizada en Nueva York.