ras una negociación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó los dictámenes de la Ley de Ingresos de la Federación 2017. El acuerdo incluye la creación de una bolsa adicional de 51 mil millones 380 millones de pesos, de los cuales 10 mil millones tienen el propósito de garantizar los recursos del ramo 23, que dotará a cada legislador con 20 millones de pesos para destinarlos a obras de infraestructura en sus respectivos distritos.
Para obtener los recursos de dicha bolsa, los legisladores y la autoridad hacendaria modificaron sus estimaciones en dos de las principales variables macroeconómicas: por una parte, el tipo de cambio sufre una depreciación al pasar de 18.20 a 18.62 pesos por dólar, mientras la producción petrolera contempla un aumento de 19 mil barriles diarios, medidas que en conjunto representarían 17 mil 360 millones de pesos. De manera adicional, se acordó un incremento en la eficiencia recaudatoria
del Sistema de Administración Tributaria (SAT), que aportaría los 34 mil 10 millones de pesos restantes.
En el acuerdo mediante el cual la instancia encargada de la política fiscal logró el apoyo de todos los partidos –con excepción del Movimiento de Regeneración Nacional– al dictamen de la Ley de Ingresos y a la miscelánea fiscal enviadas por el Ejecutivo, salta a la vista la maniobra especulativa de consecuencias inciertas. Se han aprobado como parte del presupuesto programable unos recursos que están en el aire, pues su existencia depende de la concurrencia de factores que se encuentran fuera del control de los legisladores y la autoridad hacendaria, como lo han demostrado la volatilidad del tipo de cambio a todo lo largo del presente sexenio y la caída de 9.5% en la producción petrolera prevista por la propia SHCP para 2017. En este sentido, ni siquiera la eficiencia recaudatoria, en apariencia una atribución de la dependencia gubernamental referida, puede ofrecerse en garantía, pues una caída de la actividad económica daría al traste con la más elaborada estrategia de recaudación.
Por si fuera poco, con la generación de fondos de papel que implica la apuesta presupuestal, la maniobra pactada por la mayoría de las fuerzas políticas alimenta un mecanismo de erogaciones cuestionado –el ramo 23– en la medida en que en el pasado reciente ha dado lugar al escándalo conocido como moches; algunos legisladores han sido acusados de exigir un diezmo a presidentes municipales a cambio de la asignación de recursos procedentes de esas partidas.
Por añadidura, con la aprobación de la Ley de Ingresos en sus actuales términos, legisladores y Hacienda están sembrando la semilla de un desajuste en las finanzas nacionales que si bien arroja en lo inmediato beneficios palpables para los diputados y sus grupos políticos, puede traer en consecuencia –en caso de que no se materialicen las alegres especulaciones que permitieron la aparición de recursos– nuevas contrataciones de deuda, déficits fiscales y recortes en sectores claves como educación, salud o ciencia y tecnología. Sobra decir que tales impactos recaerán, como ocurre siempre, en el conjunto de la ciudadanía.
En suma, lo que se requiere no es legislación imaginativa para sacar recursos del aire, sino una reforma que ponga fin a la asignación discrecional del presupuesto en rubros como a las actuales modalidades del ramo 23 y a malabarismos irresponsables como el referido.
