La empresa OHL México informó que fue notificada como tercero interesado y no como parte demandada, de dos nuevas denuncias interpuestas por Infraiber en contra de la Secretaría de Comunicaciones del estado de México, y del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del estado de México.

A pesar de que la compañía señaló haber sido notificada como tercero interesado, las demanda de Infraiber se refieren al registro de la inversión por recuperar de Concesionaria Mexiquense (Conmex), filial de OHL México, y para lograr la nulidad del acuerdo 01/2011 de aumento de tarifas en el Viaducto Bicentenario.

En un aviso a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), OHL señaló que las pretensiones de Infraiber son infundadas, al no existir elemento alguno que justifique sus alegaciones.

A decir de OHL México, en el caso de Conmex, Infraiber interpuso la denuncia en contra de las autoridades mexiquenses porque intenta obtener un pronunciamiento favorable a sus argumentos respecto del registro de la inversión pendiente de recuperar en Conmex.

Mientras que en el caso del Viaducto Bicentenario, con la denuncia Infraiber intenta obtener un pronunciamiento favorable con el fin de tener la nulidad del acuerdo 01/2011, el cual se refiere a la modificación del anexo 4 y anexo 10 del título de concesión del Viaducto.

Infraiber ha argumentado que el gobierno del estado de México autorizó el incremento de tarifas de forma ilegal a las autopistas concesionadas a OHL México, y también ha sostenido que la empresa no reporta de forma fehaciente sus estados financieros.

Autopista Amozoc-Perote

Por separado el abogado de Infraiber, Paulo Díez Gargari, quien a título personal denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, por beneficiar a OHL por ampliar la concesión de la autopista Amozoc-Perote, del Libramiento Perote, y por aprobar el aumento de 6 por ciento anual a las tarifas, aseguró que el funcionario prefechó la modificación de concesión para evadir la ley, que lo obligaba a obtener la opinión favorable de la Secretaría de Hacienda respecto de la viabilidad económica del proyecto, así como la determinación de las contraprestaciones que OHL debió pagar por la prórroga de la concesión.

El abogado puntualizó que ni el retraso en el comienzo de operación de la autopista ni la aportación de capital de riesgo adicional hacían procedente la modificación del título de concesión, y precisó que para que eso fuera legal era necesario que existiera una afectación de más de 5 por ciento en el equilibrio económico de la concesión, producto de circunstancias de orden económico de carácter general, caso fortuito, o causas de fuerza mayor.