xiste un acuerdo general de que la desigualdad está afectando negativamente el funcionamiento de las economías. No hay crecimiento económico, mucho menos desarrollo. Lo que existe es una aguda concentración del ingreso y miles de millones de personas en condiciones de pobreza. Por eso los Objetivos de Desarrollo Sustentable han planteado que la meta 10 sea justamente atacar la desigualdad.
La tesis de que se requiere crecimiento para poder distribuir ha sido refutada por la experiencia en muchos países, incluido México. En realidad, lo que se ha probado es que las reformas orientadas al mercado aplicadas a partir de los años 80 del siglo pasado, han producido en todos los países mayor concentración. En nuestro caso, el estancamiento económico interactúa con la desigualdad.
Los mecanismos importantes de esta interacción se localizan en que la tendencia a la concentración del ingreso y la riqueza limita la expansión del mercado interno y conduce a un menor crecimiento, al tiempo que la desigualdad, junto con el estancamiento, fomenta la criminalidad y la violencia. Hay evidencia sólida que relaciona la concentración del ingreso con homicidios vinculados con el tráfico de drogas para los años 2006-2010. Además, el estancamiento promueve la desigualdad a través del estímulo a la informalidad, que reduce la productividad y los ingresos de los ocupados informales. Este efecto reduce el crecimiento de los salarios reales formales, disminuyendo la participación de los salarios en el ingreso nacional.
En la discusión presupuestal actual es claro que las decisiones del gobierno Federal, privilegiando los llamados equilibrios fundamentales respecto de las necesidades del país, agudizarán la concentración del ingreso y frenarán el crecimiento. Poner en el centro el equilibrio fiscal y el control de la deuda pública, cuando estamos en presencia de reducciones significativas de los ingresos por exportaciones, con impactos mayores en los ingresos públicos, implica que la población con mayores dificultades en el país, que depende de los programas públicos para superar la pobreza, verá deteriorarse su difícil situación.
Salir de la trampa del lento crecimiento demanda acciones que modifiquen sustancialmente el funcionamiento de variables claves. La desigualdad y la pobreza siguen presentes. Es necesario emprender políticas públicas, que contengan una visión de largo plazo y aseguren los derechos humanos y sociales establecidos en la Constitución.
Una posibilidad es la aplicación del ingreso ciudadano universal (ICU) o la renta básica. El tema ha adquirido relevancia reciente, impulsado por la Cepal, que ha planteado que el mundo requiere un nuevo estilo de desarrollo que coloque a la igualdad y a la sostenibilidad en el centro. Se requiere modificar profundamente las políticas sociales que se han creado; reconsiderar las políticas sociales, reconociendo las limitaciones de los enfoques residualistas que han constreñido la política social a la igualdad de oportunidades y la corrección de fallas de mercado.
El ICU difiere de los programas asistenciales por sus características universales y generales. Es independiente de la posición económica de los individuos, pretendiendo reducir la pobreza extrema. Se propone resolver la pobreza, incluso antes de que ocurra. Es un ingreso incondicional que resuelve el carácter paternalista y el manejo clientelar tan conocido en nuestros países. Puede resolver la trampa de la pobreza, ya que no constituye el techo, sino el piso a partir del que cualquier persona considera su ingreso posible.
Aplicarlo en México es posible. De acuerdo con estudios recientes los pobres en México son entre 60.6 y 63.8 millones de personas, aplicar el ICU obliga a hacerlo por etapas: primero, con quienes se encuentran en situación de pobreza alimentaria (24.6 millones), en el primer año financiado con recursos provenientes de los programas públicos etiquetados para el combate a la pobreza que ascendieron en 2015 a 400 mil millones. La
