Los magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) concluirán su gestión en un par de semanas con una lista de 139 asuntos pendientes y defendiéndose de sus críticos.

Los señalamientos los respeto, pero son generales. No atienden la especificidad de los casos. No ven la complejidad de ellos, expresó el magistrado Manuel González Oropeza.

Replicó a quienes cuestionaron la anulación de los comicios de gobernador de Colima, que no tienen conocimiento del artículo de la Constitución de esa entidad, que establece la nulidad cuando interviene un agente del gobierno.

Ayer los magistrados hicieron, en el Palacio de Minería, un breve balance durante la presentación de un compendio de sus sentencias y tesis titulado: La creación jurisprudencial del TEPJF en la última década 2006-2016.

La magistrada María del Carmen Alanís recomendó consultar los 13 tomos de este título a quienes aseguran que no han contribuido a la certeza.

A los magistrados salientes del TEPJF se les ha criticado que legislaron en diversos campos. Pedro Esteban Penagos comentó que el juez ya no es solamente la boca de la ley, sino que el propio marco jurídico le otorga la facultad de interpretarla, llenar sus lagunas y complementarla.

De hecho, Alanís señaló que se enfrentaron a modelos que privilegiaron en cierto momento la negociación política y que dejaron para la interpretación jurisdiccional y para la regulación administrativa varios de los aspectos fundamentales de la organización y calificación de las elecciones.

El magistrado presidente Constancio Carrasco aseguró: “militantes de partidos políticos, entidades de la administración pública, Inmujeres, organizaciones internacionales y nacionales como ONU Mujeres, fueron delineando con la fuerza de su reclamo, los trazos esenciales de la jurisprudencia, la cual no se forjó únicamente a partir del ejercicio reflexivo de los jueces, más ben, detonó como una manifestación de que los derechos humanos se ‘arrebatan’ y ‘se exigen’ ante los tribunales”.

En casi 10 años, los actuales magistrados recibieron 59 mil 633 asuntos, de los cuales han resuelto 59 mil 494 y están pendientes 139, según las estadísticas más recientes del Tribunal Electoral.

De hecho, en ese listado hay ocho casos de sentencias de la sala superior que no se han cumplido como el de la restitución de Rosa Pérez como presidenta municipal de Chenalhó, Chiapas.

González Oropeza ofreció que resolverán asuntos complejos como la elecciones de gobernadores en Veracruz y Aguascalientes. Esto no obstante que éstos deberán tomar posesión de sus cargos el primero de diciembre y los magistrados concluyen su gestión el 3 de noviembre.

Argumentó que las sentencias no son discursos políticos. No se hacen improvisando un discurso. Las sentencias tienen que ser meditadas. Toman su tiempo.