racias al uso que hace Televisa del periodismo de filtración en su nueva etapa como alternativa informativa fue que se escribió, en la casa de la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez –dados sus nexos filiales con uno de los jefes de la televisora–, la historia de la caída y posterior huida de Javier Duarte, novela aún inconclusa que se convertirá en el ejemplo perfecto de la narrativa respectiva y de cómo se fraguó uno de los episodios más escandalosos de la corrupción política en México.

A Duarte le fallaron los cálculos o algo sucedió, pues en su teledimisión, la semana pasada, se le vio muy seguro, echado para delante, como si supiera algo que le hubiera garantizado inmunidad para él, su familia y un conocido grupo de colaboradores-cómplices en el saqueo del estado. Luego de eso guardó sospechoso silencio.

La puntilla se la dieron el lunes pasado el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa Reza, y el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, quienes en tres tiempos abordaron algunos de los principales pasivos que aquejan a los casi ocho millones de veracruzanos:

La inseguridad, los secuestros, la impunidad, el ambiente de crispación política y el intento de la cúpula priísta por tratar de salvar del naufragio a su partido ante el empobrecimiento y envejecimiento de su clase política frente a las elecciones de los próximos dos años.

Esa noche, Televisa –para variar– informó que la PGR libró orden de aprehensión contra el gobernador con licencia por delincuencia organizada, pero tendrá efecto en diciembre, pues aún goza de fuero federal. Como es de suponerse, hasta ayer se desconocía el paradero de Duarte, quien seguramente ya está lejos del estado que, dice, tanto amó.

Sin embargo, a los enviados del centro del país les faltó –aunque en estricto sentido no es de su competencia– abordar el otro tema sustantivo que asola al estado y que tiene efectos sociales: la incapacidad del gobierno para cubrir la nómina de trabajadores y jubilados, sus compromisos con la Universidad Veracruzana, la prestación de servicios de salud y las centenas de empresarios y provedores a punto de quebrar.