Ante los miembros de la Unión Internacional de Magistrados, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que el país ha experimentado reformas sustanciales que han consolidado su estabilidad económica y fortalecido su competitividad.

Sin embargo, admitió que ‘‘a pesar de estas fortalezas, también es cierto que persisten en nuestra geografía dos Méxicos: uno de prosperidad y vanguardia, y otro que enfrenta rezagos y condiciones de pobreza’’.

Durante la inauguración de la 59 reunión anual de esta organización, Peña Nieto refirió que también ‘‘persisten debilidades institucionales acumuladas durante décadas que erosionan las capacidades del Estado’’ para promover plenamente el bienestar social. Por ello, justificó la necesidad de las reformas para enfrentar esta coyuntura con un cambio ‘‘en la estrategia de inclusión social y el fortalecimiento de la competitividad a través de nuestra infraestructura’’.

En este contexto, Peña Nieto dijo que una de las reformas más importantes, pero que atrae poca atención social, es la relacionada con el nuevo sistema de justicia penal, cuya transformación, según estimó, ha representado todo un ‘‘cambio de paradigma’’ en el esquema de procuración de justicia. Explicó que las modificaciones en esta materia han sido tanto en el aspecto penal como en el que se ha denominado justicia cotidiana.

Para el Presidente, el modelo mixto de justicia adversarial y oral garantiza el principio de publicidad para incrementar la transparencia y evitar la discrecionalidad. En su explicación de los cambios en la materia, dijo que se impulsó la homologación de los procedimientos legales a escala nacional para asegurar ‘‘el debido proceso y el respeto irrestricto a los derechos humanos, tanto del ofendido como del imputado’’.

Mencionó que la instrumentación de estos cambios ha implicado la capacitación de 40 mil operadores del sistema (jueces, ministerios públicos) y más de 240 mil elementos de seguridad pública. Además, se ha registrado una restructuración de las procuradurías y fiscalías en todo el país, de forma paralela a la entrada en operación de 800 salas de juicio oral.

Sin embargo, destacó que las propuestas para reformar la denominada justicia cotidiana tendrá mayor impacto social en la medida en que los asuntos de orden penal representan sólo 10 por ciento de los casos de justicia, el resto se asocia a los juicios laborales, civiles, mercantiles.

Peña refirió que las reformas que se han promovido han comenzado su ruta de aprobación, como es el caso de los cambios en la justicia laboral, en la cual el Senado ya aprobó de forma unánime el nuevo marco que, entre otros aspectos, sustituye por tribunales lo que antes hacía el Ejecutivo para resolver los juicios laborales.

Otro ámbito de mejora importante en la justicia cotidiana está en el ámbito mercantil. Ahí, dijo, se propone garantizar la aplicación de la justicia oral para que todos los asuntos mercantiles, no sólo los de cuantía menor, sean resueltos de forma rápida y transparente.

En su oportunidad, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Édgar Elías Azar, aseguró que sigue existiendo, ‘‘por más paradójico que parezca, una lucha por la democracia y la justicia que parece no terminar. La paz, aparentemente inalcanzable, impalpable, debe seguir siendo para muchos el norte de nuestras brújulas’’.

Más adelante reinvidicó la necesidad de preservar la autonomía y la independencia del Poder Judicial frente a otros factores externos. ‘‘Nuestra labor en el mundo es cada vez más compleja y por ello requerimos de mayor compromiso, de mayor presencia en la configuración democrática del Estado, ya no en contra, ya no debajo, sino siempre a un lado’’, apuntó.