Altos funcionarios y ex servidores del Instituto Nacional Electoral (INE) omiten cada vez más presentar sus declaraciones patrimoniales. En un lustro suman 226 y de ellos, 76 fueron inhabilitados.

En ese periodo el pico más alto se dio este año al sumar 76 servidores de elevado rango amonestados por este motivo.

De los 226 casos documentados en cinco años, 147 terminaron en amonestación y 12 en suspensión, según los informes anuales de la contraloría general del instituto.

En su informe previo de gestión 2016, el contralor Gregorio Guerrero Pozas manifiesta su inquietud, porque se ha venido observando reiteradamente una importante falta de interés o de atención respecto de dicho cumplimiento.

Refiere que de las 59 resoluciones administrativas emitidas por este motivo en el primer semestre de 2016, 60 por ciento de los servidores involucrados pretendieron justificar su omisión, argumentando cargas de trabajo.

Para detectar casos de enriquecimiento ilícito, deben cumplir con esta obligación desde funcionarios del nivel de jefe de departamento hasta el de consejero presidente, así como empleados involucrados con la adjudicación de pedidos o que manejen o apliquen recursos económicos asignados al instituto.

Aunque esta especie de ritual tampoco ha parecido dar frutos, porque en los informes de la contraloría general de 2012 a 2016 suman 102 servidores inhabilitados, pero no se menciona ninguno por enriquecimiento ilícito.

Otras razones por las que se ha aplicado la máxima sanción a los funcionarios del INE son: presentación de documentos apócrifos para acreditar su escolaridad y autorizar la expedición de cheques sin contar con el soporte del gasto.

En 2012 fue cuando se invalidó a más funcionarios (45), el más relevante motivo fue por transas en la compra y remodelación del edificio de Acoxpa.

Al año siguiente se inhabilitó a 31 y se aplicaron sanciones económicas por 20 millones de pesos a funcionarios por haber pagado 300 servidores del sistema para la recepción de materiales de radio y televisión sin que fueran entregados.

Este año no se ha impedido a nadie seguir laborando, pero se iniciaron 101 investigaciones sobre robos y siniestros de bienes y propiedades del INE. En 25 se determinó que no existían elementos para adjudicar responsabilidad administrativa, pero siguen pendientes otros 76 expedientes.

También está en curso una indagación por presuntas irregularidades en el cálculo y pago del impuesto sobre la renta del instituto ante la Secretaría de Hacienda en los ejercicios de 2012, 2013 y 2014.