El nuevo modelo de impartición de justicia laboral deberá estar en marcha antes de que concluya este sexenio, expuso el presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, el priísta Miguel Ángel Chico Herrera.

Tras su aprobación en esta cámara, confió, se discutirá pronto en la de Diputados; por tratarse de una reforma constitucional requiere pasar también por los congresos estatales y, después, se deberá modificar la legislación secundaria, la Ley Federal del Trabajo.

El senador expresó satisfacción por el acuerdo al que llegaron las fuerzas políticas en la reforma, al desechar los cambios que atentaban contra conquistas de los trabajadores, como el derecho de huelga. El producto legislativo que se logró es relevante, va encaminado a una forma nueva en la resolución de conflictos obrero patronales, sostuvo.

Hizo notar que la supresión de las juntas de Conciliación y Arbitraje, para ceder la competencia a tribunales dependientes del Poder Judicial, busca una justicia objetiva, imparcial y eficiente, que evite juicios tan prolongados que perjudican tanto a trabajadores como a empresas.

Explicó que para erradicar prácticas y vicios que alargan innecesariamente los litigios laborales, tanto por despidos como por firma de contratos colectivos, la reforma al apartado A del artículo 123 constitucional incluye el mecanismo de conciliación obligatoria en todo conflicto, antes de ir a tribunales.

Por ello, se creará un organismo descentralizado federal, que ejercerá la función conciliatoria entre trabajadores y empresas que estén en conflicto y tendrá la función de llevar el registro de los sindicatos reconocidos y de los contratos colectivos de trabajo (CCT) firmados, tarea reconocida como responsabilidad a cargo de la Federación, pero delegada en esa nueva instancia.

El titular del órgano federal responsable de la conciliación laboral será electo por mayoría calificada del Senado, a partir de una terna propuesta por el Presidente de la República, en un plazo improrrogable de 30 días, precisó el senador Chico Herrera.

En los estados y la Ciudad de México existirán centros de conciliación, con la misma función del órgano federal, sólo que la determinación de su naturaleza jurídica la decidirán las entidades.

El dictamen aprobado el jueves en el Senado incluye la condición de cosa juzgada de los convenios laborales, con la finalidad de que las partes que acudan ante el órgano federal de Conciliación tengan certeza sobre los acuerdos o convenidos signados ante esa instancia.

Aunque las juntas de conciliación desaparecen, los senadores decidieron conservar la referencia a laudos en el artículo 107 constitucional, a fin de que mantener la referencia a determinaciones de la autoridad en materia de amparo directo e indirecto en materia laboral.