El empresariado nacional pide certidumbre para realizar sus negocios, pero no se da cuenta de que el clima de violencia tiene origen en una profunda descomposición social, sostuvo el director del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana de Puebla, Miguel Santiago Reyes.

Luego de que el Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación Patronal de la República Mexicana pidieron un pacto por la seguridad pública y exigieron que se cree una secretaría de estado destinada al combate al crimen, el académico señaló que el clima de violencia tiene que ver con una descomposición generalizada que se profundizó a partir de la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia.

Ante la preocupación de los empresarios de que las manifestaciones sociales pongan en peligro la gobernabilidad del país y son un fenómeno que no se debe dejar crecer, Santiago Reyes resaltó que las reformas estructurales fueron impuestas de manera autoritaria mediante partidos políticos que no representan a la ciudadanía y sólo responden a la agenda de organismos internacionales.

Explicó que esa agenda parte del Consenso de Washington de finales de los años 80 e incluye la entrega completa de los recursos energéticos, una reforma laboral que flexibilizó las modalidades de contratación y despido, y una reforma financiera que dio más facilidades a los bancos.

En lugar de que con las reformas se fortaleciera el tejido social generaron una situación donde la exclusión social está al límite y por eso hau manifestaciones un día sí y uno no por cuestiones del magisterio, el agua o la minería. Es un país en caos.

Agregó que si bien el Observatorio no cuenta con estudios puntuales que vinculen el incremento de la pobreza con la inseguridad, es evidente que hay mayor concentración de la riqueza e índices delictivos.

Destacó que mientras en 1989 el 10 por ciento de la población más rica acaparaba 39 por ciento del ingreso, en la actualidad esa misma proporción posee 70 por ciento del ingreso en el país.