A cuatro años de la actual administración queda claro que el diseño institucional para el combate a la inseguridad no ha dado resultados y que se requiere una dependencia dedicada exclusivamente a combatir el crimen, sostuvo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, quien reconoció que fue un error apoyar la propuesta del Ejecutivo de eliminar la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) e integrar sus funciones en la Secretaría de Gobernación, a principios del sexenio.

Recordó que en noviembre de 2012 la Coparmex dio un voto de confianza a la modificación legal de la administración pública federal que, a propuesta del Ejecutivo y con la aprobación del Congreso, extinguió la Secretaría de Seguridad Pública e incorporó sus funciones a la Secretaría de Gobernación.

Hoy, con la misma convicción que hemos mantenido el respaldo a la mayoría de las reformas estructurales que impulsó el Presidente y aprobó el Congreso, debemos reconocer que en materia de seguridad nos equivocamos, señaló el dirigente.

En conferencia de prensa realizada en el Polyforum Cultural Siqueiros, señaló que el crecimiento en los niveles de inseguridad en el país hacen evidente que el Estado no está cumpliendo con una de sus principales funciones, que es brindar seguridad a los ciudadanos, por lo que es necesario revisar el marco institucional.

Destacó que de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el año pasado hubo 33.7 millones de delitos, los cuales tuvieron un costo de 226.7 miles de millones de pesos, equivalente a 1.27 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Sin embargo, destacó que algunos estudios elevan el costo de la delincuencia a niveles de hasta 7 u 8 por ciento del PIB, mientras que el gasto de las empresas para defenderse alcanza los 110 mil millones de pesos.

Detalló que los tres delitos de mayor frecuencia sufridos por los mexicanos son robo, asalto en la calle y transporte público, así como extorsión, y que en la mayoría de las entidades prevalece una cifra mucho mayor de delitos –la cifra negra–, mientras que anualmente se reportan 102 mil 263 casos de secuestros.

Ante tales cifras, la Coparmex criticó que en el presupuesto del próximo año el Ejecutivo haya propuesto desaparecer el programa de acción contra la violencia, el cual recibió recursos por 10 mil millones de pesos este año.

Además, la Coparmex propuso volver a crear la Secretaría de Seguridad Pública y que ésta se encargue de todo lo relacionado con el combate a la inseguridad, así como la aprobación del mando mixto policial, iniciativa que fue presentada por el Ejecutivo el 2 de diciembre de 2012, aprobada por el Senado el 17 de julio de 2016 y que actualmente sigue su proceso de dictaminación en la Cámara de Diputados.

Son cuatro años ya que lleva este proceso legislativo, criticó De Hoyos.

Además, exigió un plan emergente de seguridad para los estados de Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Sinaloa y Michoacán, que son los más afectados por el crimen, y ampliar y profundizar las pruebas de control de confianza.

Acompañado de los presidentes de los centros empresariales de la Coparmex, el dirigente demandó también una ley general de seguridad privada que incluya las bases de operación de ese tipo de corporaciones en el país.