a educación, por tratarse de un servicio que imparte el Estado, creó un organismo público para atender sus funciones. Hay que recordar que los primeros registros de la educación en el México independiente correspondían a la Compañía Lancasteriana, organismo de carácter particular y filantrópico que promovía la instrucción primaria entre la población desfavorecida, de 1822 a 1842, que replicó en México el modelo de enseñanza mutua que había proliferado en algunas naciones de Europa.

Desde esos primeros años de vida independiente, en el país se había mantenido la lucha entre conservadores y liberales, entre centralistas y federalistas, y según el momento de dominio de cada grupo, se fueron creando organismos para despachar las actividades de cada sector. El primero en atender temas educativos fue el Ministerio de Instrucción Pública e Industria, en 1841.

En los periodos sucesivos, las modificaciones de ministerios asociaron la instrucción pública con justica, negocios y relaciones interiores, entre otros rubros, pero la instrucción siempre se adjetivó como pública. Todas esas modificaciones están descritas por Rodrigo Moreno (1980) en su libro La administración pública federal en México.

Para la segunda Constitución, la de 1857, por ser de corte liberal, se restauró la legalidad y se impulsó la noción de garantías individuales, entre ellas la educación. A partir de ese año, se quitó la religión católica del artículo tercero y se colocó en su lugar que: la enseñanza es libre. Entonces se cambió el anterior ministerio por la Secretaría de Estado y del despacho de Justicia e Instrucción Pública (1861); luego, Secretaría de Justicia e Instrucción Pública (1891); después, Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes (1905).

Todos esos cambios realizados en las gestiones de Juárez a Porfirio Díaz. Y con el fin de la Revolución Mexicana, iniciada en 1910, se promulgó la tercera y última Constitución de 1917. En esa última, la educación se convierte en un derecho, permanece en el artículo tercero y en la parte dogmática de la Carta Magna. Y poco después se transformó la secretaría para quedar solamente de Educación Pública (1921).

Hace poco, el doctor Roberto Rodríguez refería que México es el único que tiene adjetivada su Secretaría de Educación como Pública, lo cual nos genera ciertas reflexiones. Por un lado, es necesario que se mantenga el carácter público del servicio que constitucionalmente corresponde al Estado mexicano. Por otro, hemos visto cómo el servicio se ha desprendido de algunas de sus funciones públicas, y es necesario revisarlas.

Un ejemplo claro es la impresión y distribución de los libros de texto. Desde 1960 se entregaron los primeros ejemplares gratuitos. Actualmente, por la insuficiencia de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, para producir los tantos millones necesarios se recurre a empresas privadas que, bajo licitación, imprimen y cubren el tiraje requerido para la educación pública.

Este ejercicio del dinero público en manos de particulares está normado por el mecanismo de la licitación, que es una convocatoria a la que concurren diferentes instancias de proveedores para que el gobierno ejerza el erario y cubra sus funciones.

De las licitaciones se desprenden adquisiciones, arrendamientos y servicios. Éstas pueden ser: a) Públicas para que acudan varios posibles proveedores. b) A cuando menos tres personas, o c) de Adjudicación directa. La más común (más justa y deseable) es la licitación pública. Pero se puede optar por los otros procedimientos: al menos tres instancias o adjudicación directa, cuando no existan bienes o servicios alternativos, o cuando exista un solo oferente o un solo autor de derechos exclusivos.

Es necesario tener presentes estos elementos planteados, ya que el gasto de la educación pública puede generar beneficio de los particulares, antes que a los destinatarios originales. Hace unos días, Luis Hernández Navarro (La Jornada 23/8/16) señalaba el convenio entre la Secretaría de Educación Pública y el Tecnológico de Monterrey, el cual está en las páginas electrónicas de ambas instancias. Sin embargo, en ninguna de las dos se hace referencia a la licitación ni al monto que se ejercerá para contribuir a la formación y capacitación integral de docentes en todo el país.

Para la actualización docente, sí hay alternativas e instancias públicas que se fortalecerían si el presupuesto se ejerciera con ellas. No resultaría raro encontrar conflictos de intereses en este como en otros casos. Tal parece ser que el dinero ejercido por la SEP para la capacitación de profesores sí será un traje a la medida, como refería el secretario Nuño. Pero a la medida de los empresarios.

* Jefe de redacción de Voces Normalistas