Buenos Aires.

La ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner pidió la nulidad de la indagatoria en una causa en la que le atribuyen presuntas irregularidades en beneficio de una empresa durante su gobierno (2007-2015), y denunció persecución mediática y judicial que intenta dejarla al borde de una medida extrema la detención preventiva.

La mandataria, que fue distinguida esta semana con dos títulos Honoris Causa por las Universidades de Quilmes y Avellaneda, advirtió en un escrito presentado este miércoles ante el juez Julián Ercolini- -quien pidió la indagatoria cuya anulación reclama como también el dictamen de los fiscales Gerardo Policita e Ignacio Mahiques- que las supuestas irregularidades en la adjudicación de obras públicas a Lázaro Báez en Santa Cruz que le atribuyen, se basan en hechos no judiciables sino políticos (como asignar partidas presupuestarias) o personales (como tener un amigo empresario, aunque aclara que ella no tenía amistad con Báez) y se construye una imputación penal sin contenido, y por presión política y de los medios. También estima que los fiscales perdieron independencia al subordinarse a lo que quiere el Poder Ejecutivo y que además son selectivos respecto de los imputados.

Recordó que hubo 20 mil empresas además de la de Báez -un empresario detenido sin que se le haya probado ningún delito- que participaron en la obra pública. Entre otros datos demuestra que se le acusa por obras en la provincia de Santa Cruz , cuando ella era presidenta y que para imputarla se utilizó un informe de Vialidad Nacional armado en sólo 15 días donde no se mencionan los supuestos sobreprecios y que los desajustes de certificación de obra observados no se consideran relevantes.

Ercolini, así como los fiscales Policita y Mahiquez son aliados del presidente Mauricio Macri y utilizaron la justicia para mantener constante presión contra el pasado gobierno de la mandataria. El mismo sector que intentó intenta utilizar la muerte del ex fiscal Alberto Nisman (enero de 2015), poniendo en duda a todos los peritos, incluyendo los de la Corte Suprema que determinaron suicidio en esa causa, poniéndose a la cabeza de una manifestación de corte golpista, tratando de acusar del hecho a la ex presidenta, a lo largo del año pasado.

Por ética judicial ninguno de ellos debería estar detrás de la serie de causas abiertas contra la ex mandataria, utilizando el sistema que comienza con las denuncias de periodistas, especialmente del Grupo Clarín y otros, para convertir esas denuncias, que se comprobaron infinidad de veces eran falsas, para construir una causa judicial, señalan expertos.

Analistas locales han demostrado cómo han forzado cada acción judicial, comparando con lo actuado en Brasil contra la ex presidente Dilma Rousseff, destituida sin que se haya probado ninguna de las causas por las que se le acusó y ningún caso de corrupción.

Se construye una imputación penal sin contenido, dice la ex presidenta en su escrito, y desde su punto de vista esto indica que los fiscales perdieron independencia al subordinarse a lo que quiere el Poder Ejecutivo, y son selectivos respecto de los imputados.

La presentación, además, opone datos muy precisos demostrando que la de Baéz fue una entre otras 20 mil empresas que participaron en obras públicas. Curiosamente entre los primeros grupos empresarios que trabajaron en obra pública durante el gobierno anterior no está Baéz que figura en el número 38, pero si está la empresa Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri y testaferro en algunas empresas.

Macri enfrenta nuevo escándalo

Precisamente en estas horas se ha producido otro escándalo que afecta al presidente Macri, investigado por casi una decena de compañías offshore en paraísos fiscales y que este miércoles puso en marcha simbólicamente, las obras para el soterramiento del tren Sarmiento, asignando 45 mil millones de pesos a las obras, que hace una década fueron adjudicadas a un consorcio compuesto por la argentina Iecsa (Calcaterra), Comsa (España), Ghella (Italia) y Odebrecht, de Brasil.

Desde 2007, Ghella es socia de Angelo Calcaterra en la conformación del Grupo ODS (Obras, Desarrollos y Servicios), en el que quedaron integradas las dos firmas líderes del sector que Calcaterra, primo del actual presidente. Una investigación que será publicada en las próximas horas, asegura que todo el grupo empresario pasó este año a manos de Calcaterra... y que, por lo tanto, podría estar beneficiándose de decisiones que toma el Poder Ejecutivo apurando la realización de obras en las que participa, señala el analista Raúl Dellatorre. Añade que lo 45 mil millones de pesos asignados a la obra, por decreto 767 de este año, representan el mayor desembolso hasta ahora decidido por el gobierno nacional para una sola obra pública.

En tanto, continúa procesada la vicepresidenta, Gabriela Michetti, por no declarar fondos y haber ocultado las acciones de la Fundación Suma que preside. La Justicia incluyó a Suma en la investigación porque Michetti explicó que 190 mil pesos sustraídos de su casa la noche del 22 de noviembre fueron recolectados por personas de su entorno para organizar una. Luego la justicia amplió -a pedido de dos diputados- datos sobre las fundaciones Fundar Justicia y Seguridad, Formar, Creer y crecer y Pericles, todas vinculadas al oficialismo y ya reúne documentos la Inspección General de Justicia. En tanto la situación económico-social se agrava cada día más.