El recorte de 9 mil millones al Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Proagua) generará conflictos en los estados por el desabasto del líquido y roces con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en los distritos electorales, reconocieron diputados de ese partido, mientras Morena sostuvo que suprimir esos fondos constituye un paso para justificar la privatización del servicio en la nueva ley general de agua, a discusión en San Lázaro.

Durante su reunión de trabajo, la comisión anunció que elaborará un proyecto para evitar el recorte, y presentó un análisis de la disminución de los fondos a los distintos programas de agua potable, saneamiento y alcantarillado, y a la Comisión Nacional del Agua –que pierde 14 mil 878 millones– y advirtió: los conflictos por el agua cada año son más recurrentes por la sobrexplotación de los acuíferos, lo que pone en riesgo la gobernabilidad en ciertas regiones y por tanto dificulta la consolidación de la democracia.

La comisión, que preside Ignacio Pichardo Lechuga (PRI) cuestionó que Hacienda planteó a la cámara reducciones importantes a medio ambiente, específicamente en ampliación de cobertura de agua potable y drenaje con menos 35.5 por ciento, y que en contraste el gasto del Instituto Nacional Electoral sólo disminuye 3.7 por ciento.

Refirió que la cobertura de agua y drenaje sirven para mejorar los indicadores de pobreza. Si lo comparamos con la Secretaría de Desarrollo Social, ésta sólo tiene un decremento de 6.7 por ciento. Situación que se debe destacar aún más, cuando el Ejecutivo federal ha señalado en diferentes ocasiones que el proyecto de presupuesto 2017, es de carácter social, indicó.