os integrantes del Consejo Ciudadano de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del gobierno de Nuevo León –a excepción de uno– renunciaron a sus puestos honoríficos. El motivo, dijeron, fue la falta de transparencia y efectividad en la sanción a los responsables por la compra de 200 mil cobijas con un costo superior a 28 millones de pesos.

Efectuada a pocos días del primer informe del gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, la renuncia restó legitimidad a su gobierno y en diferentes mediciones, con ese chistoso tono escolar de aprobar y reprobar, resultó por debajo de lo aceptable.

Esa calificación no tuvo por único motivo la compra de las cobijas muy por encima de su costo, y la incapacidad para justificarla en el contexto de una administración que creó la Subprocuraduría Anticorrupción con el propósito de combatir la inerradicable práctica de la corrupción pública en el estado –y en el país. En la opinión ciudadana pesa esa misma incapacidad para someter a juicio penal al ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz y abordar, según lo anunció, los casos de la armadora coreana Kia y el proyecto hidráulico Monterrey VI. No percibe las respuestas prometidas; tampoco el cumplimiento cabal a promesas de compromiso personal y político.

En estas condiciones se ha precipitado un movimiento, liderado por los empresarios, al que han llamado Coalición Anticorrupción. No es extraño que en Nuevo León sean las organizaciones empresariales las que tomen y lideren iniciativas de mejora social, que con frecuencia resultan en su propio beneficio y no en el de la comunidad; por supuesto, con la complacencia del Estado, si no es que por voluntad de quienes encabezan su dimensión política.

El gobernador Rodríguez, en respuesta a la deserción de los miembros del Consejo Ciudadano de la Contraloría, dijo que estos organismos sirven sólo para ver, no para tomar decisiones y, en conclusión, que no sirven para nada. Tiene razón. Surgidos de la voluntad del gobernante, sin estatuto legal alguno, sólo han servido para legitimar cualquier decisión tomada por el titular del Ejecutivo en turno. Siempre se sujetaron a ella; ahora no lo hicieron y de ahí la evidencia de su inutilidad.

Lo extraño de la Coalición Anticorrupción es que uno de los organismos que la encabezan es el Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica, que es una autoridad y órgano competente de gobierno según la Ley de Planeación Estratégica (data de enero de 2014). Su presencia en esa coalición no significa otra cosa que la reafirmación de la tendencia corporativista del Estado mexicano: política de aglutinación social uniforme bajo un mando vertical y, por tanto, opuesta a la democracia, que es por necesidad plural, y la acción ciudadana. Tiene su antecedente local, aunque aquí sí, desde el plano de las organizaciones ciudadanas, si bien dominadas por los empresarios en el Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León, que incorpora desde asociaciones deportivas hasta ONG de diversa laya.

El Consejo Nuevo León, obviamente dirigido por empresarios y teniendo como su presidente ejecutivo nada menos que a Carlos Salazar Lomelín, director general ejecutivo de Femsa, la empresa embotelladora de Coca Cola y cervecera filial de Heineken, que preside José Antonio Fernández, deja saber en su cibersitio que es un órgano transexenal, apartidista, consultivo y propositivo del Estado en materia de planeación estratégica y su evaluación. Una curiosa definición que corresponde menos a una dependencia oficial que a un organismo civil. Su transexenalidad, que es la que corresponde a todo órgano de la administración pública, ¿implica también la de sus integrantes? Por lo pronto, sí. Salazar Lomelín es su presidente ejecutivo desde 2014. Es decir, que los gobernantes son transitorios, no aquellos que parecen estar tras su cargo.

En la citada Ley de Planeación Estratégica, los diputados locales establecieron que el Congreso también debía tener participación en el Consejo Nuevo León como representante de la sociedad nuevoleonesa, en el seguimiento del gasto público en relación con el Plan Estratégico y el Plan Estatal. En vez de ejercer sus funciones de control parlamentario, precisamente como nuestros representantes desde el Poder Legislativo, se dejaron (o les dejaron) un rinconcito en una aparente dependencia del Poder Ejecutivo.

Así que anticorrupción es un organismo con triple cachucha: como dependencia estatal, como líder de la ciudadanía y como caballo de Troya de una empresa a la que esta misma ciudadanía pidió que no construyera un nuevo estadio de futbol para vender litros cúbicos de cerveza, que lo pusiera en otra parte, y lo puso donde a su dueño se le pegó la gana: en terrenos que antes fueron un área verde de las que está urgido el Monterrey metropolitano. Fue durante el anterior gobierno de Rodrigo Medina, no por nada complaciente.

Las campañas son el modus operandi de la corrupción entre los individuos con ingresos suficientes para patrocinar a los candidatos (a unos más, a otros menos), y algunos de éstos y sus partidos mediante tratos que comprometen la posibilidad y autonomía del buen gobierno. Los empresarios serán dignos de crédito en su pretendida lucha contra la corrupción cuando combatan esta perniciosa práctica que derrota desde la víspera a la democracia y a la autonomía gubernamental. No antes. Sobre todo porque sin la participación de no pocos de ellos es como se consuman los actos corruptos.