La Fundación General Jesús Gutiérrez Rebollo, militares en retiro y familiares de soldados caídos interpusieron este mañana una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la que denunciaron violaciones a las garantías fundamentales de los efectivos que fueron muertos y heridos el pasado 30 de septiembre en Culiacán, Sinaloa, en una emboscada perpetrada por un grupo del crimen organizado.

La demanda, inédita en el sistema nacional de quejas, busca por una parte que a las fuerzas armadas se les proporcione el marco legal y jurídico para realizar las labores de seguridad pública y de lucha contra el narcotráfico, como se hace en la práctica desde hace muchos años. En este punto expresa que ha habido durante décadas una omisión de los poderes Ejecutivo y Legislativo por igual.

Pero por la otra, la queja pretende revertir la recomendación emitida por la CNDH en la que ‘‘restringe’’ el uso de armas de alto poder por parte de elementos de las fuerzas armadas en su ‘‘interacción’’ con la población civil, lo que, según los reclamantes, coloca a los militares en desventaja cuando enfrentan a grupos criminales, como se demostró en los hechos de Culiacán, donde murieron cinco elementos militares y otros diez resultaron heridos.

Al presentar la queja, el abogado César Gutiérrez Priego, hijo del extinto general Jesús Gutiérrez Rebollo, abundó que tras la recomendación de la CNDH los militares han tenido que restringir el uso de sus armas e incluso aceptado que para hacer uso de ellas primero tienen que ser objeto de agresión de las bandas de delincuentes.

Además, explicó que la denuncia por violaciones a los derechos humanos de estas personas se debe a que hay pruebas suficientes para señalar que el convoy militar que fue emboscado, cuando trasladaba a un presunto criminal a un hospital para ser atendido no recibió apoyo ni ayuda de ninguna de las autoridades federales, estatales ni municipales, pese a que hubo una alerta al Centro de Control C-4, solicitando apoyo.

Incluso, denunció que ni siquiera acudió el cuerpo de bomberos a sofocar el fuego de las unidades militares. Aquí hubo una clara violación a los derechos humanos del personal militar, porque nadie los asistió, ninguna autoridad federal, estatal o municipal, que legalmente son las encargadas de la seguridad pública, dijo.

Asimismo, pidió a los legisladores que en lugar de guardar un minuto de silencio por el personal militar caído en el cumplimiento de su deber, ‘‘mejor trabajen para aprobar un marco jurídico y legal que permita a los militares cumplir su tarea de lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada bajo reglas claras’’.