a reunión conjunta del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) nos trae malas noticias sobre el crecimiento económico global y el nuestro en particular. Ni siquiera creceremos como se había pronosticado hace unas semanas, en los criterios generales de política que acompañan al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

Lo más probable es que esta inclinación bajista se extienda al año próximo y en los hechos marque el fin del sexenio. Podemos no estar ni de cerca de una crisis, como declaró el secretario José Antonio Meade a Roberto González Amador en La Jornada (6/10/16, pp. 21), pero lo que parece incontrovertible es que estamos muy lejos del crecimiento prometido por las reformas y a años luz de lo que fue la trayectoria histórica del desarrollo mexicano por más de 40 años (1934-1981).

Esta desviación, que bien podríamos empezar a calificar también de histórica, debería ocupar el centro de nuestro debate sobre la política económica nacional, pero ni los legisladores ni los responsables en el Ejecutivo parecen tener tiempo y forma para cultivar el uso de la memoria.

Según el FMI, la economía mundial crecerá 3.1 por ciento en 2016 y 3.4 por ciento en 2017; Estados Unidos 1.6 y 2.2 por ciento, y México 2.1 y 2.3 por ciento en las mismas fechas. A ras del suelo, pues, y para que el pronóstico no falle demasiado está aquí la tijera mayor que propone los ajustes, eufemismo preferido para el recorte vil, cuyos ejecutores casi acusan de traición a la patria a todo aquel que ose dudar de la virtud de sus tarascadas fiscales.

Al mismo tiempo, parece que en las propias habitaciones de Limantour se descubre que, después de todo, es manejable la deuda y sus montos distan de ser catastróficos; que, además, esa deuda del terror de hace unos días fue útil, para sostener una operación contraciclíca frente a la Gran Recesión y para financiar la expansión de la infraestructura, en diferentes proyectos de inversión que vemos a diario. En puertos, aeropuertos, vialidades, carreteras, instalaciones ferroviarias. La deuda en la que se incurrió se tradujo en infraestructura que traerá consigo su fuente de pago hacia delante ( Ibíd, p. 21).

Dejando atrás énfasis y cuotas de optimismo con las que puede quedarse el secretario, en especial respecto de los frutos de esas reformas que se sienten en las calles, el funcionario y sus colaboradores nos deben una explicación sobre los dichos de los días pasados. Todos ellos, dirigidos a justificar el recorte en el gasto público sin reparar en daños ni en matices, mucho menos en la obligada congruencia macroeconómica, para no mencionar lo que los habitantes del planeta neoliberal han decidido proscribir de su abecedario: el desarrollo.

Junto con los senadores y diputados, Hacienda debería responder a preguntas elementales. ¿En qué se basa el recorte que ha pedido que los diputados aprueben?; ¿en un sobrendeudamiento?; ¿en una desmedida presión de los acreedores, fruto de la incertidumbre y de nuestros excesos? Si la deuda va a pagarse gracias a que se invirtió, ¿a qué plazo?; ¿por qué no se explora el espacio fiscal real considerando las cuentas del secretario sobre la productividad ya en acto de las famosas reformas? ¿Por qué no buscar, en fin, junto con el Congreso, una combinación que permita conservar el gasto esencial, que no sólo es el irreductible, y evitar sacrificar o posponer programas que se consideran estratégicos o fundamentales, como los destinados a la investigación científica, a la infraestructura hospitalaria y de las escuelas primarias y secundarias, al arranque de las zonas especiales?

Las calificadoras (mi memoria fresca de 2008-2009 me obliga a las comillas) junto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y hasta el FMI han insistido en que la cuestión central no es el endeudamiento, sino la lentitud del crecimiento y la aritmética del secretario Meade en la entrevista con González Amador así lo consigna. Entonces, ¿por qué ajustar por la vía del gasto y no por la de los ingresos tributarios? Otro jalón por ese lado, como ocurrió a partir de 2014, ampliaría el referido espacio fiscal y permitiría extender la capacidad de endeudamiento en consonancia con la ampliación de la capacidad de pago, que sería mayor a la que el secretario atribuye a la infraestructura construida con cargo a la deuda anterior.

Se podrá imponer la prisa del Ejecutivo, pero no se evitará el chalaneo y la negociación irregular; esto es lo que, a juzgar por las visitas de partidos, dirigentes, gobernadores, sigue ocurriendo hoy en Hacienda cuando el proyecto del PEF ya está en las comisiones legislativas. Así lo indican las reuniones habidas entre el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, los dignatarios del Partido de la Revolución Democrática y el secretario Meade, aunque eso sea apenas la punta de un iceberg vergonzoso, debajo del cual se dan y darán todo tipo de arreglos marrulleros, así como la obtención, por parte de algunos logreros disfrazados de diputados, de prebendas y fondos para entregar a sus clientelas reales o porvenir a cambio de sus favores.

La situación reclama un viraje que debería empezar ya, para darle viabilidad al desempeño económico y la cohesión social para los años por venir, por lo menos hasta 2018. Para que esa fecha deje de ser tan fatídica como hoy se nos presenta. Una elección presidencial cruzada por la violencia criminal de altísima intensidad, como lo muestra Culiacán, asentada en el estancamiento económico y el empobrecimiento masivo, no podrá darse en condiciones de estabilidad y acuerdo político.

Las lecciones de 2015, en particular en Oaxaca y Guerrero, poco tienen que ver con el hecho de que se haya podido votar. Lo principal es lo que ha seguido: un estado al borde del caos y más allá de la ingobernabilidad; otro acosado y asediado por las maniobras dizque negociadoras de una dirigencia magisterial dispuesta a todo con tal de conservar sus prebendas y, ahora, otra entidad contaminada por la irracionalidad que mantiene secuestrados decenas de autobuses en pueblos donde la ley nada importa, como en Turícuaro y buena parte de Michoacán.

El cerco que nos hemos impuesto, después de tanto desgaste como le hemos infligido a la política normal democrática, no es virtual ni conjetural. Es real y está hinchado de plomo, prepotencia criminal y arrogancia gremial sin sostén ni control. No será la fuerza, nunca lo ha sido, la que enderece el buque; pero sin la fortaleza constitucional del Estado sólo se seguirá cavando la tumba del sistema político y del orden estatal que, a trompicones, todavía sostiene. Ya no es hipérbole de ocasión, sino tímida descripción de los hechos: hemos empezado a vivir horas de angustia y no hay refugio ni subterfugio.