Abogados penalistas cuyos defendidos están presos en penales federales y/o de máxima seguridad tienen que ‘‘bajarse el pantalón hasta las rodillas y sacudir sus calzoncillos’’ para poder ingresar a entrevistarse con sus clientes, denunció la Academia Mexicana de Ciencias Penales (AMCP) en una carta enviada a Eduardo Guerrero Durán, comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, instancia dependiente de la Secretaría de Gobernación (SG).

‘‘En las reuniones de trabajo de la AMCP, algunos académicos comunicaron a la asamblea que abogados defensores de los internos en centros de reclusión (…) expresaron que eran objeto de serias vejaciones’’, refiere la carta firmada por Victoria Adato Green, presidenta de la asociación de penalistas.

La AMCP fue fundada en 1940 y en sus filas sólo tiene lugar para 28 miembros numerarios (entre ellos Sergio García Ramírez, Ricardo Franco Guzmán y René González de la Vega) y 12 supernumerarios (entre quienes se encuentran el ex procurador de Justicia capitalino Rodolfo Félix Cárdenas, Jorge Nader Kuri y Raúl F. Cárdenas Rioseco).

En la carta, la AMCP da cuenta de las ‘‘vejaciones’’ que padecen los litigantes y solicita a la autoridad competente la investigación y corrección de esas prácticas.

Fuentes jurídicas consultadas por La Jornada informaron que entre los despachos de abogados postulantes que se han solidarizado con las quejas presentadas en las sesiones de trabajo de la AMCP destacan los bufetes que integran los penalistas José Luis Nassar Daw, Raúl F. Cárdenas Rioseco, Luis Madrigal Pereyra, Fernando y Pablo Gómez Mont, Francisco Riquelme, Rafael Heredia, Antonio López Ramírez y Rodolfo Félix Cárdenas, quienes son miembros de la asociación civil Barra Mexicana Colegio de Abogados.

La molestia de los litigantes va mas allá de una simple anédota. Los testimonios recogidos en las sesiones de trabajo de la AMCP refieren que la autoridad penitenciaria federal obliga a los abogados a realizar una serie de trámites engorrosos y burocráticos que limintan el trabajo de los defensores.

Por mencionar un ejemplo, a los abogados les exigen que antes de entrar a hablar con sus defendidos presenten tres cartas firmadas por personas que habiten en la misma colonia del lugar de residencia del litigante, en las que se mencione el tiempo de conocerlo. El trámite debe renovarse cada año.

Según la carta firmada por la presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, ‘‘a los abogados se les vulnera su dignidad en la siguiente forma: (se les obliga a) abrir la boca frente a los oficiales para mostrar que no se guarda ningún objeto; se les obliga igualmente a quitarse los zapatos y mostrarlos, también los calcetines, volteándolos y enseñando la planta de los pies.

‘‘El abogado debe subir la camisa hasta la altura del pecho para demostrar que no lleva ningún objeto prohibido y debe además bajarse el pantalón hasta las rodillas y sacudir los calzoncillos’’, sostiene el organismo civil.