Chihuahua, Chih.

Funcionarios de segundo y tercer niveles clasificados como personal de confianza intentan mantenerse en la nómina mediante la adjudicación de plazas sindicales o intentan obtener jubilaciones con sólo 15 años de servicio público, cuando por ley están obligados a renunciar al gobierno municipal priísta saliente, denunció el equipo de transición de Armando Cabada, alcalde independiente electo.

Desde el pasado 5 de junio, cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió la gubernatura y los principales municipios, en Ciudad Juárez mil 500 empleados y funcionarios iniciaron trámites para conseguir plazas definitivas.

En la revisión salarial y de contrato colectivo de trabajo con del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio (SUTM), desde la oficina del alcalde priísta Javier González Mocken y otras áreas del gobierno se intentó negociar prestaciones a cambio de la sindicalización de 95 personas, entre ellas funcionarios de confianza.

Entre ellos está Daniela Ivonne González Lara, sobrina de González Mocken, coordinadora de la dirección de desarrollo social del municipio, con un salario mensual de 27 mil pesos, que cobró por más de un año a pesar de que obtuvo un permiso especial para cursar un posgrado en Barcelona.

Desde el extranjero aprovechó las negociaciones con el sindicato: solicitó su plaza definitiva y el cambio de adjudicación a la sindicatura municipal, el único puesto de elección popular que ganó el PRI el pasado 5 de junio.

La comisión de trabajo y previsión social del cabildo, encargada de revisar las propuestas del SUTM, prácticamente le había concedido el cambio cuando estalló el escándalo y el alcalde se vio obligado a despedir a su familiar.

Ella intentó conservar el puesto y, en un video que difundió en redes sociales, ofreció devolver el dinero que cobró sin trabajar durante su estancia en Barcelona, a cambio de que se le reconociera el derecho a una plaza sindical.

Otro caso notorio fue el de Lizbeth Alonso Carreón, ex coordinadora de audiencias de la presidencia municipal, quien con sólo 36 años de edad logró que le reconocieran derechos sindicales y jubilarse con apenas 15 años de servicio y una pensión de 21 mil pesos mensuales.

Asimismo, el ex director de protección civil Fernando Motta Allen, a quien se le reconocieron 20 años de trabajo a pesar de haber sido despedido el año pasado por errores y omisiones, recibiría 34 mil pesos mensuales.

De nueva cuenta, el escándalo público y la oposición del alcalde electo a la sindicalización de empleados de confianza obligaron a González Mocken a devolver los expedientes y negarles la autorización; sin embargo, los otros 92 casos están en revisión.

Puestos permanentes y heredables

El líder del SUTM, Héctor Cano Villareal, declaró a El Diario de Juárez que las plazas sindicalizadas son permanentes y permiten jubilarse con sólo 15 años de servicio. Sólo hay ocho plazas abiertas a concurso interno, de un total de mil 721 afiliados a la organización, dijo el dirigente sindical. Sin embargo, agregó, los familiares de empleados tienen prioridad.

La decisión la tomará el nuevo alcalde, quien iniciará el lunes su mandato de un año y ocho meses, con derecho a relección.