Con el recorte propuesto de 72 por ciento de los recursos asignados al Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Proagua) que propone el Ejecutivo Federal para 2017 se abren las puertas a la privatización del servicio, ya que las autoridades locales dispondrán de mínimos recursos para la construcción de infraestructura y para esto tendrían que acudir al sector privado.

Esto señala un análisis del presupuesto asignado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) del asesor legislativo Miguel Ángel Montoya, quien advierte que el Proagua tendrá apenas 3 mil 423 millones de pesos, se le reducen alrededor de 9 mil millones, ya que este 2016 contó con 12 mil 454 millones de pesos. Para 2017 la iniciativa del presupuesto plantea que será el único programa federalizado existente para la construcción de esa infraestructura básica.

El servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento lo otorgan organismos operadores municipales, con lo que las restricciones presupuestales al programa, más que a la Conagua, afectan directamente a las alcaldías en la operación del servicio, ya que no podrán ampliar la cobertura, indica.

A Conagua, 38% menos recursos

El recorte propuesto al presupuesto de la Conagua para 2017 es de 14 mil 879 millones de pesos, 38 por ciento menos respecto del presupuesto aprobado para 2016. Esta disminución va dirigida a los programas que implican un beneficio directo a las comunidades, municipios y entidades federativas, pero preserva el monto de recursos que implican un subsidio a la inversión privada a través de las asociaciones público privadas (APP), señala Montoya.

Detalla que la inversión con Proagua se orienta al requipamiento de pozos, a la sustitución de redes o a la construcción o rehabilitación de plantas potabilizadoras. Los organismos operadores no podrán dar cumplimiento a la obligación constitucional de garantizar el derecho humano al acceso al agua y su saneamiento.

Se verán obligados a buscar financiamiento privado, lo cual se ajusta a las recomendaciones del Banco Mundial y a las presiones que durante años recientes ha realizado la Conagua para que los organismos operadores privaticen los elementos que componen la cadena del servicio público.

En cambio, se mantiene la prioridad al proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM) al cual se asignaron para 2017 son 3 mil 200 millones, mientras que para la Presa y Acueducto Zapotillo fueron 85 millones en 2016 contra 500 millones propuestos para 2017, aunque este último proyecto está suspendido.