En comisiones del Senado, los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) aprobaron anoche una reforma constitucional que restringe el derecho de huelga, entre reclamos de legisladores del de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT), que lo consideraron un albazo.

A la modificación, que fue introducida a última hora por legisladores de Acción Nacional en el dictamen de la reforma laboral del presidente Enrique Peña Nieto –referida sólo a la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje– se opusieron incluso dos de los senadores del PRI que son dirigentes obreros.

En el salón en el que se dictaminó esa reforma al artículo 123 constitucional estuvieron presentes representantes del sector empresarial, como lo anunció el panista Javier Lozano –secretario de Trabajo en el pasado sexenio–, quien defendió el cambio para establecer que sólo procederán los emplazamientos a huelga por firma de contratos colectivos de trabajo cuando el sindicato demandante demuestre que tiene la representación mayoritaria de la base trabajadora.

Lozano sostuvo que es una reforma trascendental, que da un año de plazo para crear la legislación secundaria y dijo que se tomaron en cuenta las demandas del sector obrero. Con esto se trata de evitar que haya contratos de protección, sostuvo a su vez el priísta Enrique Burgos, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Sin embargo, el coordinador perredista Miguel Barbosa y sus compañeros de bancada, Angélica de la Peña, Luis Sánchez y Armando Ríos Piter, advirtieron que se vulnera el derecho de huelga y es un albazo del PRI y del PAN, toda vez que hasta un día antes no figuraba en el dictamen la iniciativa de Peña Nieto para cambiar la fracción 18 del artículo 123 constitucional.

Explicaron que es una adición de tres líneas que a la letra indica que para obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo en cuyo caso el sindicato deberá acreditar previo al emplazamiento la representación mayoritaria de los trabajadores.

El senador Sánchez destacó que tal requisito estaba en la ley laboral de 1931, que se echó atrás en 1970. Ahora retrocedemos y volvemos a las listas negras, es decir, las empresas van a correr a los trabajadores para evitar que firmen un contrato colectivo. Se volaron la barda al llevar a la Constitución ese sueño empresarial.

El líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), el senador del PRI, Isaías González Cuevas se sumó a las protestas perredistas. Apoyábamos la iniciativa del Ejecutivo, pero no con este agregado que atenta contra la libertad.

No se apega además al Convenio 98 de la OIT, ya que en los hechos anula el derecho de huelga. Si se queda como lo aprobaron, se acabará la estabilidad laboral, habrá conflictos y tendremos que acudir a instancias internacionales.

Otro dirigente obrero, el cetemista Teresa Medina, también se manifestó contrario a la modificación que afecta a los trabajadores, pero fiel a la disciplina priísta votó a favor del dictamen, por responsabilidad, por México. Otro representante sindical, el octogenario secretario de finanzas de la CTM, Armando Neyra Chávez, ni siquiera estuvo presente en la discusión. Pasó lista y dejó su voto favorable a esa reforma.